El proyecto ingresó a la Legislatura de Neuquén y busca garantizar y regular el derecho de uso y goce de los cuerpos de agua existentes dentro del territorio de la provincia.
El bloque de diputados del Frente y la Participación Neuquina-Unión de los Neuquinos (FPN-UNE) presentó un proyecto de ley para garantizar y regular el derecho de uso y goce de los cuerpos de agua existentes dentro del territorio de la provincia del Neuquén “que integran el dominio público, conforme lo establecido en los artículos 253° y 237° del Código Civil y Comercial de la Nación y en los términos de la presente ley”.
El proyecto establece en su articulado una limitación administrativa al dominio de los propietarios y poseedores de los fundos ribereños, conforme lo establecido en el artículo 1907 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En otro artículo, exceptúa del alcance de la ley los tramos de riberas, costas o márgenes que por legislación nacional, provincial o municipal, sean afectados a un régimen de uso o protección especial; y a aquellos que las autoridades nacionales declaren prioritarias para la seguridad nacional.
Designa como autoridad de Aplicación al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, el que tendrá a su cargo el objetivo de garantizar el libre acceso público a las costas, márgenes y riberas y habilitar las correspondientes servidumbres de tránsito o de restricción al dominio en el caso de que no pudiese arribarse a un acuerdo. Además, deberá establecer programas de promoción e incentivo a la investigación, desarrollo e incorporación de tecnologías y métodos tendientes a prevenir, mitigar, remediar y reducir la contaminación costera y sus consecuencias.
El proyecto establece sanciones por incumplimiento que van desde 5.000 a 200.000 pesos, según se trate de impedimento de acceso, impedimento de acceso con amenazas o daño de los accesos.
Las sanciones se regirán por las normas de procedimiento administrativo que correspondieren, asegurándose el debido proceso legal. En los fundamentos, el proyecto expresa que el acceso a las costas de los espacios de agua públicos “se viene transformando en una situación conflictiva a lo largo y ancho de toda la provincia, sobre todo a partir de que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han venido interesándose en adquirir tierras que incluyan una supuesta exclusividad sobre las costas y playas de los ríos, lagos y arroyos”.
Señala que algunos operadores inmobiliarios promueven la idea de que los futuros propietarios tendrán garantía de privacidad sobre tales espacios, lo que posibilita la instalación de alambrados en sendas tradicionalmente públicas e impidiendo “la realización de actividades recreativas que hacen al pleno goce de los espacios naturales y al buen vivir de las personas”.
“El libre acceso a las costas implica esencialmente la defensa activa del medio ambiente, toda vez que el acceso público a tales espacios permite un permanente monitoreo ciudadano frente a cualquier forma de contaminación que pudiere detectarse a partir de los efluentes derivados por los distintos emprendimientos turísticos o industriales”, agrega.
La Angostura Digital