Dirigentes de la oposición y representantes de pueblos originarios denunciaron hoy que existe una campaña anti indígena en la Argentina y reclamaron por la prórroga de la anulación de la Ley 26160 sobre territorio considerados ancestrales.
“Se instaló en la sociedad una suerte de consenso anti-indígena”, aseguró el senador porteño por Proyecto Sur Fernando ‘Pino’ Solanas, al abrir el encuentro que organizó en el Salón Illia del Palacio Legislativo.
Solanas, acompañado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y los senadores peronistas Alfredo Luenzo y Juan Manuel Abal Medina, reclamó que el Congreso prorrogue la no vigencia de la legislación que ordena el relevamiento de los territorios y su distribución entre las comunidades indígenas.
La prórroga vence en noviembre y, si no es sancionada nuevamente, muchos asentamientos corren peligro de ser desalojados.
“Hay un gran conflicto cultural, social y económico que se emplea en la Argentina en no resolver esa situación”, indicó Solanas.
Por su parte, el representante de la comunidad mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, aseguró que son “un pueblo en estado de amenaza”.
“Queremos pararnos como ciudadanos argentinos, una ciudadanía impuesta, pero ciudadanía al fin”, afirmó Nahuel.
El representante cuestionó al gobierno nacional por “apoyar un modelo que quiere sumergir a los pueblos indígenas en las peores desigualdades de la historia de la humanidad”.
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El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acusó a los medios de comunicación de “inventar cosas sobre qué pasó con Santiago Maldonado” y aseguró que “el juez (federal Guido) Otranto está presionado por el poder político”.
“Es una prensa canalla que hace toda la propaganda posible para acompañar esta política de destrucción de los pueblos originarios”, aseveró Pérez Esquivel.
El premio Nobel agregó que “hay una represión sistemática, no solo en la Patagonia” y que “esto viene desde hace tiempo”.
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Abal Medina, en tanto, reconoció que el peronismo “cuando fue gobierno, no solucionó el tema” y se comprometió “a que el Senado dé media sanción a la prórroga”.
El constitucionalista Roberto Gargarella dijo que “es preocupante” cómo “el gobierno nacional quiere gestionar el conflicto social”.
“No fue azarosa la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad (Pablo Nocetti, en el desalojo de la Ruta 40 cuando presuntamente desapareció Maldonado); es la afirmación de un tipo de práctica que viene desarrollándose en la Argentina desde hace mucho tiempo”, enfatizó.
