Desde el organismo argumentaron que «es indiscutible que ya ha formado opinión al respecto
«Además explicaron que su toma de posición está condicionando la investigación y como consecuencia «la desaparición de Santiago Maldonado no está vinculada a ninguna detención ni acción que pueda implicar la responsabilidad de esa fuerza».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recusó hoy al juez federal de Esquel Guido Otranto en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. El organismo argumentó que «es indiscutible que ya ha formado opinión al respecto, y que la está diciendo a viva voz: ‘le creo a la Gendarmería’, por lo que la desaparición de Santiago Maldonado no está vinculada a ninguna detención ni acción que pueda implicar la responsabilidad de esa fuerza».
La recusación fue entregada este martes en el juzgado de Esquel y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde el jueves se realizará una audiencia para resolver sobre otro pedido de apartar al juez. Cabe recordar que el organismo ya había cuestionado en varias oportunidades el trabajo del magistrado en la investigación.
Según explicaron en un comunicado, la recusación la realizaron en rechazo a las declaraciones de Otranto a diferentes medios de comunicación en las que afirmó que «la hipótesis más razonable» es que Santiago Maldonado se haya ahogado en el río Chubut.
Según explicaron desde el CELS, estos dichos «afectan la garantía constitucional de imparcialidad y suponen el adelantamiento de opinión respecto de los hechos investigados y la enemistad manifiesta hacia la parte querellante». En esa línea, agregaron que «este planteo se realiza en legal tiempo y forma» porque la causa está «en la etapa de instrucción, y no se ha dispuesto su clausura» y porque tomaron «conocimiento, a través de los medios periodísticos, de las expresiones del juez Otranto».
«La pretensión expuesta responde a la afectación a la garantía de juez imparcial (artículos 18 y 33 de la CN, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) que significaría que el referido magistrado continúe interviniendo en el caso», precisaron.
El ente, querellante en la causa, asegura que tras declaraciones de Otranto «se encuentra afectada la garantía constitucional de imparcialidad del juez, lo que invalidaría cualquier pronunciamiento jurisdiccional que se adopte en las actuales circunstancias».
