El Gobierno nacional decidió frenar temporalmente el incremento de las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras avanza en una estrategia judicial para evitar la aplicación de la ley sancionada por el Congreso.
La medida busca eludir una erogación presupuestaria que, según el Ejecutivo, carece de financiamiento adecuado.
Estrategia Legal para Evitar la Aplicación de la Ley
Tras no conseguir el respaldo necesario en la Cámara de Diputados para mantener el veto presidencial, el Gobierno ahora espera que el Senado convalide su posición. Mientras tanto, equipos técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica, junto a la Procuración del Tesoro, trabajan en dos posibles vías judiciales: solicitar la nulidad de la sesión del Senado por considerarla ilegal bajo el artículo 32 de su reglamento, o presentar un recurso ante el fuero Contencioso Administrativo argumentando el impacto fiscal de la ley y la falta de fuentes de financiamiento.
Auditorías y Contexto Político
El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre un posible aumento financiado mediante el recorte de pensiones «mal otorgadas», fue una estrategia política promovida por diputados aliados que finalmente no logró su objetivo. Hasta el momento, el Ministerio de Salud solo ha notificado a 280.000 de los 1.000.000 de beneficiarios bajo auditoría, lo que dificulta la liberación de fondos. Adicionalmente, la ANDIS enfrenta una intervención y auditoría interna tras la filtración de audios del extitular Diego Spagnuolo, lo que paraliza aún más las decisiones en el organismo.
Impacto en los Beneficiarios y Próximos Pasos
Mientras el Gobierno define su estrategia legal, las prestaciones para personas con discapacidad permanecerán sin actualizarse. El Ejecutivo insiste en que evita así un «doble aumento» en caso de que la Justicia eventualmente ordene cumplir con la ley. La prioridad de la Casa Rosada parece centrarse en contener la crisis política interna derivada del escándalo de corrupción en la ANDIS, posponiendo cualquier medida económica hasta que se normalice la situación del organismo.
La postergación del aumento refleja la compleja encrucijada entre el cumplimiento de la ley, la restricción fiscal y la crisis política que atraviesa el Gobierno. Mientras los equipos legales buscan alternativas judiciales, las personas con discapacidad y sus familias quedan a la espera de una solución que garantice sus derechos sin comprometer la sostenibilidad fiscal. La información fue reportada inicialmente por el medio TN.