Para este martes está previsto –de no existir contratiempos- que se realicen los alegatos en el juicio oral y público que contra cinco imputados se lleva adelante por la usurpación de terrenos en el ingreso a Playa Magagna pertenecientes a la familia Galina. La audiencia se vio frustrada en dos oportunidades la semana pasada por inconvenientes en la presencia de los imputados, al punto tal de ser merecedores de una severa advertencia, según lo entendió el juez César Zaratiegui.
Siguen sometidos a juicio Karen Neira, Paola Muñoz, Alejandro Tejada y Gumersindo Rodriguez, todos asistidos por el defensor oficial Omar López. Dos permanecen prófugos al ordenar Zaratiegui la orden de captura por no presentarse en las audiencias. Se trata de Gustavo Bernardi y Fernando Mayo.
Con los alegatos se pone punto final a la ronda de testigos, entre los que se destacaron los propios damnificados por las usurpaciones, policías, funcionarios municipales, el ex presidente de la Cooperativa Eléctrica Benito Larrañaga y el actual presidente del complejo de vecinos, el abogado Luis Solivella.
Mientras que Solivella dio cuenta de acciones intimidatorias en su contra que supone la autoria a los usurpadores, Larrañaga dio detalles de las denuncias que realizó a través de abogados de la institución que presidía y escribanos públicos respecto de daños en el acueducto que lleva ese servicio, a fin de desviar agua de manera ilegal hacia los asentamientos. Las denuncias fueron realizadas ante la Fiscalía de Rawson.
Por su parte Solivella contó cómo aparecieron pinchadas las cuatro cubiertas de su vehículo estacionado frente a su casa en Playa Bonita, acciones que se desarrollaron a lo largo de una semana. También dio cuenta de amenazas a través de las redes sociales, en medio de expresiones públicas de su parte en contra de las usurpaciones. Dijo también que todas estas acciones fueron denunciadas.
De los catorce imputados originalmente llevados al debate oral por el Ministerio Público Fiscal, suman entonces ocho los que aceptaron la figura de la “conciliación”. En todos los casos, la decisión de ser sobreseído estará supeditada a que antes destruyan lo construido y retiren todos sus bienes del lugar. El último fue Fernando Mayo que se sumó a la similar actitud que adoptaron Guillermo Vaughan, Daniel Aguayo, Marta Lizama, Raúl Castillo, Luis Rodriguez, Carlos Alonso y Carlos Ojeda.
El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general Griselda Encina, querellantes en representación de la familia Galina dueños de las tierras usurpadas, son los abogados Jorge Rubiolo y Gonzalo Torrejón.
