Diputados de la oposición chilena pidieron hoy la renuncia del ministro de Salud, Emilio Santelices, luego de que la propia Contraloría General de la República -que nuclea a los fiscales- declarara ilegal un protocolo de objeción de conciencia impulsado por el gobierno para los médicos que rechacen practicar abortos no punibles.
«No descartamos una acusación constitucional», aseguró la diputada del Frente Amplio Maite Orsini, sobre las posibilidades de forzar la renuncia del ministro desde el Congreso, y agregó: «creemos que este protocolo es ilegal, que el ministro ha incumplido con la ley y esa es una de las causales que contempla la Constitución para hacer una acusación constitucional, por lo tanto no descartamos hacerlo».
Ayer, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia institucional en la realización de abortos en las causales de violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal, y que fue implementado por el gobierno de Sebastián Piñera.
Desde la bancada de diputados del Partido por la Democracia y el Progresista, liderados por Ricardo Celis, señalaron que el ministro Santelices debe dejar su cargo, «a raíz de esta fallida modificación del protocolo de aborto en tres causales».
Sin embargo, el ministro aclaró hoy que no va a renunciar y declaró que «obedezco a la confianza y al mandato del presidente de la República y no a lo que piense la minoría».
«Nuestro equipo jurídico ya está trabajando en la resolución de la Contraloría y a la luz de lo que se señala en la resolución, es que nosotros recojamos las observaciones y poniendo énfasis en lo que a nosotros nos compete y nos convoca», señaló hoy Santelices.
La vocera de Gobierno Cecilia Pérez, fue quien ayer precisó la posición de la Moneda, luego de que se conociera el dictamen de la Contraloría: «no compartimos la decisión, pero comprometidos con el estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen», dijo.
El dictamen determinó que el protocolo de objeción de conciencia no se ajusta a derecho y que «los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud».
Además detalla que «las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud».
A poco de asumir la presidencia, Piñera ordenó modificar el Código Sanitario, y agregó que «la objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución».
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