El gobierno de Mariano Arcioni, en la persona del Ministro Coordinador de Gabinete, Marcial Paz, deberá dar respuesta a la Justicia del Chubut por los informes no entregados sobre el IPV Chubut.
EL Dr. Carlos Alberto TESI, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson, había considerado formalmente admisible una acción de Mandamiento de Ejecución solicitada por el Diputado Provincial, – UCR-Cambiemos -, Eduardo Conde, quien requiere que el gobierno de Arcioni proporcione información sobre el IPV Chubut.
En septiembre y octubre de 2018 la Honorable Legislatura del Chubut por sendas Resoluciones de Cámara solicitó al Poder Ejecutivo que se proporcione copia del Fichero de Obras del IPV desde la la N° 2.180 en adelante hasta la última registrada.
El restante pedido solicita copia de los Listados de todos los beneficiarios con viviendas nuevas entregadas por el IPV Chubut, desde el 10 de diciembre de 2003 hasta la fecha del 31 de agosto de 2018.
El primer pedido quedó «varado» en dependencias del Ministerio de Infraestructura desde el 20 de septiembre, es decir que nunca fue notificado el IPV que debe proporcionar esa información.
Más Llamativo es todavía el caso de las Listas con los nombres de todos los que recibieron Viviendas del Instituto en los últimos catorce años.
Las autoridades del IPV elaboraron una respuesta que enviaron como correspondía a Casa de Gobierno. Ingresó el 2 de noviembre del 2018, y desde entonces «duerme» en Fontana 50 en dependencias del Ministerio Coordinador de Gabinete, cuyo titular es Marcial Paz.
Extraoficialmente se supo que serían solo 67 las obras registradas en Fichero del IPV desde el año 2016 a esta parte. También que en las Listas de adjudicados que proporcionó el IPV estarían faltando algunos miles de nombres de beneficiarios.
Estos faltantes serían consecuencia de no contarse en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda con la información, ya que serían los nombres de los beneficiarios de Obras Delegadas a municipios y comunas, que a su vez seleccionaban a los beneficiarios.
Por lo tanto, en estos casos no solo no habría información sobre quiénes fueron los titulares de esas viviendas del Estado Provincial, tampoco se han escriturado esas unidades y por supuesto no pagan cuota alguna.