Varios de los testigos detallaron también cómo a partir de 2013 se puso en marcha una maquinaria para disimular y hacer inversiones con dinero «negro» proveniente del erario público, a través de la asociación ilícita que sería liderada por Diego Correa, el principal detenido en la causa.
En la primera semana de debate del juicio oral y público por la causa “Embrujo” declararon 15 testigos que dieron cuenta de las relaciones entre los 12 imputados y cómo desde su origen en 2013, la presunta asociación ilícita liderada por el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa, puso en marcha una maquinaria para disimular y hacer inversiones con dinero “negro” proveniente del erario público, así lo detallo el Patagónico.
Los investigadores de la Unidad Anticorrupción observaron que además del movimiento de dinero y bienes, los imputados más comprometidos judicialmente ejercieron el poder muchas veces de manera intimidante. La trama se iniciaba en Correa, sindicado como el mandamás del grupo, desde su cargo como funcionario provincial al frente de la Unidad Gobernador.
Siete vehículos algunos de ellos de alta gama, terrenos en varios lugares de la provincia, chacras, casas, departamentos, edificios en construcción, membresías en centros turísticos del Caribe, cuentas corrientes para retirar materiales de la construcción por unos dos millones y medio de pesos, 22.000 euros en poder de Correa al momento de ser detenido y un total de 35 millones de pesos en propiedades además de numerosos viajes de placer de algunos integrantes del grupo, quedaron evidenciados en los que va del debate con la declaración de algunos de los testigos.
Para llegar a conocerse estos detalles de los ilícitos, el tribunal integrado por los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, debió perseverar y convalidar la realización del juicio oral no obstante los numerosos planteos que a lo largo de varios meses, realizaron varios de los defensores de los doce imputados.
Los escollos superados fueron variados. Desde los intentos para que la causa pasara a la Justicia Federal, o que se les concediera a varios de los imputados la “probation”, hasta intentar tirar abajo la investigación por una supuesta ilegalidad de las escuchas telefónicas y la tarea desplegada por el investigador Juan Carlos Núñez. Todos estos planteos defensistas fueron superados por los fiscales tras las resoluciones de los jueces Soñis, Rolón y Pérez. Finalmente el juicio se inició, se comenzaron a escuchar a las partes, empezaron a desfilar los testigos programados, para que se sepa la verdad de lo que pasó y los hechos queden ventilados.
INTIMIDACIÓN Y PODER
Albañiles y pintores, empleados en la Unidad Gobernador con la obligación de trabajar solo en dependencias oficiales, contaron en detalle cómo además se les pagaban horas extras para que trabajen en los departamentos y la costosa vivienda particular de Correa en Playa Unión.
Las actitudes intimidantes por parte de Diego Lüters o Correa, eran además moneda corriente. “Nosotros te pusimos y nosotros te sacamos”, contó el pintor Andrés López que le dijo Lüters cuando se atrevió a plantearle que no correspondía hacer tareas particulares. “Pero con una nena de tres meses, tuve miedo de quedarme sin trabajo. Lo tomé como una amenaza”, reveló.
Alexis Gabra, era empleado en la Unidad Gobernador. Reconoció haber sido amenazado por Lüters y Correa para que firmara y acelerara “determinados” expedientes en alusión a los trámites internos para que se pagara a las empresas creadas por el grupo por los trabajos que se habían autoadjudicado en las viviendas oficiales. “El trato en el día a día cambiaba. Sentí que si no firmaba me quedaba sin trabajo. Todos los empleados vivíamos bajo esa amenaza. Amenazaban con echarnos a todos. Lo escuché de boca de Diego Correa desde una oficina continua”, detalló.
Varios fueron los trabajadores de la construcción que dieron cuenta de sus tareas en una costosa vivienda de Playa Unión. El último de los testigos de la semana, Francisco Pilquimán, contó que trabajó para la empresa Dual Core y que fue contratado por el imputado Juan Carlos “Tato” Ramón.
Ante preguntas del defensor Omar López sobre tareas que había realizado en una casa de Playa Unión, terminó confirmando su participación en la construcción de la pileta de natación de la casa de dos planta de Correa en Playa Unión.
El debate proseguirá el martes con más presencia de testigos de la investigación coordinada por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez.
