El ministro de Producción, Dante Sica, habló de un monto de $5.000, aunque aclaró que aguardarán el índice de inflación de agosto. Las Pymes piden un trato diferenciado. Buscan aliviar tensiones.
Lo anticipó la CGT y lo confirmó el Gobierno. El ministro de Producción Dante Sicacomunicó que el Ejecutivo avanza en una resolución para que los trabajadores del sector privado reciban un bono similar al que ya recibieron los estatales en agosto.
“Empezamos a conversar ayer (por el lunes) la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la administración estatal. Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso», aseguró Sica en declaraciones a La Red.
El ministro de Producción y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, habían recibido el reclamo en persona de parte de Héctor Daer(Sanidad), Carlos Acuña(SOESGyPE), Antonio Caló (UOM),José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA).
Los gremialistas, que ya venían conversado con Sica la posibilidad del bono, pusieron sobre la mesa el monto. El ministro de Producción pidió que se tuviera en consideración la situación de las Pymes. “La idea es no asfixiar a nadie”, sostuvo el ministro.
Sica destacó que esperarán la publicación del índice de inflación -que se conocerá este jueves- para terminar de definir el monto. En su Cartera destacaron que una opción sería concretar el pago en 2 tramos. Sin embargo, todo está sujeto a las conversaciones que el ministro emprenderá con los empresarios antes de volver a reunirse con la CGT. Hasta el momento, solo es seguro que el bono no tendrá carácter remunerativo.
El tema ya se abordó -y con preocupación- en la reunión del consejo directivo de la Unión Industrial Argentina. Fuentes empresarias le manifestaron a Clarín que conceptualmente están de acuerdo con la decisión, pero pidieron que su implementación sea voluntaria y no obligatoria. “El problemas es que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de afrontar una bono», dijeron. En horas de la tarde, el vice de la UIA fue más duro. «Muchas empresas no pudieron afrontar el bono anterior (de 2018)», dijoDaniel Funes de Rioja.
Desde la CAME reconocieron que ya hubo contactos con el Ejecutivo. “No hay nada cerrado. Se está dialogando y todos comprenden la situación de las Pymes”, dijeron desde la entidad que dirige Gerardo Díaz Beltrán.
Un rato después, el presidente de la cámara le bajó el pulgar a la posibilidad de que las pequeñas empresas afronten un bono. “La mayoría de las pymes vivimos del consumo interno y lo necesitamos, pero no podríamos afrontar un bono. Desde la CAME trabajaremos en propuestas y alternativas como siempre lo hicimos”, sentenció Díaz Beltrán vía Twitter.
Dirigentes de esa entidad se diferenciaron de la UIA y explicaron que no reclaman que el bono sea voluntario sino “una compensación de aportes”. “Se trabaja en propuestas de diferenciación”, explicaron. De esa manera, el Estado absorbería una porción importante de lo que correspondería a las Pymes al cancelar el pago de aportes patronales, de otros impuestos o de saldos a favor según el tamaño de las empresas: micro, medianas o grandes.
El Gobierno tiene a mano el antecedente de noviembre pasado, cuando Mauricio Macri firmó un DNU en el que obligaba a los privados al pago de $5 mil pesos, a pagar en 2 tramos espacios. En diciembre (con el salario de noviembre) y en febrero (con el pago de los haberes de enero). En aquella oportunidad, las Pymes obtuvieron el «tratamiento diferenciado» que ahora reclaman.
Sin embargo, aquel decreto habilitaba a los gremios y a los empresarios a inscribir esas partidas a cuenta de futuros aumentos, según las negociaciones paritarias de cada sector. Ahora, ese detalle no está claro; aunque desde la actual administración afirman que será la última actualización del año.
Sica y Stanley mantuvieron este mediodía una reunión con Macri en el despacho presidencial para ponerlo al corriente de las negociaciones. Por la tarde, volvieron a encontrarse con el Jefe de Estado y Marcos Peñapara avanzar en los lineamientos de las medidas.
Además del compromiso de que habrá un bono, los sindicalistas se llevaron de la reunión del lunes en el ministerio de Desarrollo Social el compromiso de la extensión de latarjeta alimentaria para los trabajadores despedidos. No está claro cuántos serían los beneficiarios; la revisión dependerá de los propios sindicatos. El monto rondaría los $2300, según confirmaron fuentes gubernamentales.
Además, en la misma reunión José Luis Lingeri y Armando Cavalieriredoblaron sus reclamos por las situación que atraviesan las obras sociales de los sindicatos. Por un lado, reclamaron $ 7.500 millones que la Superintendencia de Salud les retiene. Por el otro, redoblaron, sus críticas contra el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que tras las PASO incluyó una droga para el tratamiento de la atrofia muscular espinal que provocó una lluvia de amparos, informó El Clarín.