La Iglesia católica en la provincia de Chubut criticó duramente este jueves al gobernador Mariano Arcioni porque no paga “en tiempo y forma” los haberes a los empleados públicos, entre otros incumplimientos, pero advirtió que “nunca la violencia será la respuesta para nadie”, por lo que llamó a “la calma y la serenidad”.
Los obispos y sacerdotes chubutenses lo hicieron a través de un comunicado ante el agravamiento de una protesta docente que derivó en el corte de rutas y, por consiguiente, en el bloqueo del acceso a yacimientos petroleros, lo que provocó incidentes con trabajadores de ese sector. Publicó El Chubut.
La protesta de los docentes consiguió el respaldo de su principal gremio nacional, Ctera, que realizó este jueves un paro nacional en adhesión y una manifestación por el centro de Buenos Aires en la que reclamaron que el gobierno provincial y también el nacional “se hagan cargo” del problema.
“Con preocupación y tristeza asistimos a la creciente degradación de la convivencia social entre los chubutenses. El acuerdo social necesario para ser una sociedad organizada se resquebraja y ante eso no podemos sino llamar a la calma y serenidad”, dice la Iglesia.
Afirma que “son tantos los derechos vulnerados que el espacio común se transforma en una selva, el ‘hombre es el lobo del hombre’ y pareciera que estuviéramos gritando ‘sálvese quien pueda’”.
“Se vulnera el derecho de los empleados públicos cuando no se les pagan sus haberes en tiempo y forma, y cumpliendo los aumentos acordados”, agrega.
Señala que “también cuando se restringen o modifican las prestaciones y servicios de la obra social o se dilata el cobro de las jubilaciones”.
“Se vulnera el derecho de los trabajadores cuando se les impide acceder a su fuente de trabajo, y el de cualquiera que precisa de una prestación de algún organismo del estado cuando los tiempos de paro son interminables”.
“Se vulnera la seguridad y salud de cualquier ciudadano cuando para dirimir un conflicto de intereses la calle queda librada al uso de la fuerza de individuos o grupos. Nunca la violencia será respuesta. Para nadie. Nunca”.
Advierte que “es el Estado quien debe garantizar que los derechos sean respetados: en primer lugar el de la justa remuneración, la salud, la jubilación; también cualquier otro que deba ser restituido”.
“Es el Estado el único responsable de la seguridad de las personas o grupos, aun cuando éstos opten por metodologías que parezcan desmedidas y contraríen los derechos de otros; es su obligación y no puede ser transferida a nadie”.
“Es el Estado el que debe arbitrar fondos y medios pacíficos para que no terminen siendo los ciudadanos, los trabajadores de nuestra provincia, los que paguen con su vida, salud o buen ánimo lo que es responsabilidad de aquellos a los que les compete administrar – en el pasado cercano y en el presente – los recursos públicos con pericia y probidad”.