Alberto Fernández impulsará la instauración de una Emergencia Energética que modificará la fijación de precios, el grado de control estatal sobre las empresas y que apunta también a mejorar la calidad de los servicios.
El plan de Emergencia Energética es un capítulo específico dentro del nuevo proyecto de Ley de Presupuesto 2020, que todavía está en elaboración en el Palacio de Hacienda.
iProfesionaltuvo acceso al texto que detalla los alcances de la Emergencia, de donde surgen los siguientes puntos centrales:
– Declaración de la Emergencia Energética por el plazo de dos años.
El documento explica que el motivo es «asegurar la plenitud de las prestaciones energéticas» y aclara que el plazo podría abreviarse si así lo dispusiera el Poder Ejecutivo.
– Congelamiento de los precios de tarifas y combustibles por un año. Desde el oficialismo aseguran que lo que se busca con esto es proteger a la población de aumentos.
– Intervención administrativa de los entes reguladores ENRE y ENARGAS por el término de 1 año. De esta manera, el Gobierno presionará a la empresas para que cumplan planes de inversión y mantenimiento, bajo la advertencia de aplicación de multas.
– Revisión tarifaria «integral» para fijar tarifas de electricidad y gas de acuerdo a la capacidad de pago de los usuarios y consumidores, luego de transcurrido el período de congelamiento.
– Reconocer a las prestadoras los costos de operación, las inversiones para mantenimiento y una tasa de rentabilidad «razonable» dentro de un plazo máximo de 24 meses.
– Pesificación de la cadena de valor. En este sentido, se solicitará la apertura de costos por moneda de origen, así como el listado de materiales y servicios empleados para el funcionamiento de las empresas energéticas. Se consideran que los sueldos, servicios prestados por proveedores locales, impuestos, insumos y materiales disponibles en el mercado local por tratarse de fabricación nacional deben ser expresados en moneda nacional.
– Solicitar a la AFIP planes de facilidades de pago de impuestos adeudados y a las autoridades de la banca pública nacional y provinciales la reestructuración de deudas financieras de empresas del sector energético para aliviar la carga financiera de las empresas del citado sector.
– Convocar a empresas productoras de petróleo y gas para negociar una baja sustancial en el precio de gas en boca de pozo de modo de poder reducir el costo del gas residencial y del gas a ser consumido por centrales térmicas
– Aumentar el corte de biocombustibles hasta un 27,5% con precio a determinarse por costos más un margen razonable, quedando para el excedente un sistema de precio en base a la ley de la oferta y de la demanda.
– Instruir a distribuidoras que suspendan los cortes de suministro eléctrico por falta de pago por el plazo de 12 (DOCE) meses, como así también, a que reconecten a usuarios cuya conexión fue suspendida por falta de pago en los últimos 12 (DOCE) meses.
– Promover la ampliación de los servicios de energía nuclear en el sistema energético nacional, señaló iProfesional.