El Procurador General señaló sobre el plan de ajuste del Estado que impulsa el Gobierno que es inaplicable el congelamiento de las vacantes dentro del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos 350 empleados, somos un granito de arroz”. Y advirtió que todavía hay cargos que no han sido ocupados.
El procurador general Jorge Miquelarena consideró “absolutamente inadmisible” que frente a la última semana de enero el tercer y cuarto rango salarial no tengan aún una fecha cierta de cobro. “Comparto la preocupación de todo el Poder Judicial porque en esos dos rangos está la mayoría de los trabajadores judiciales”.
“Así como el año pasado cuando surgió por primera vez el pago escalonado yo decía que había que tener previsibilidad y la gente debía saber cuándo iba a cobrar para acomodar su economía, hoy nos pasa lo contrario”. Consideró que el Poder Ejecutivo “no dice una fecha porque no la sabe, pero no le quita la responsabilidad de tener que decirlo. Tendrá que dar alguna precisión porque de lo contrario genera desconcierto y malestar general”.
-¿Procuración puede congelar sueldos?
-El Superior Tribunal de Justicia había adherido al congelamiento y ahora hubo marcha atrás. Con todas las dificultades que genera sobre todo en los que tienen salarios más bajos, el Poder Judicial podría haber hecho un esfuerzo y adherir. Pero no significa de ninguna manera y bajo ningún punto de vista que no se siga reclamando previsibilidad.
-¿Y congelar vacantes?
-De ninguna manera, es absolutamente inaplicable en el Poder Judicial. Es como congelar vacantes en un hospital: ¿se jubila un médico y dejo de atender una especialidad? Pensar que tendría que esperar que se jubilen tres fiscales para poder nombrar uno es lo mismo que decir “Muchachos, bajemos la persiana, privaticemos la justicia y que cada uno se arregle como pueda”. Es absolutamente impensable.
Deslizó que de los 60 mil empleados estatales, unos 1.800 reportan en la Justicia y de esa cifra, 350 están en el MPF. “Somos un granito de arroz, tengo 33 o 34 fiscales y estoy desesperado porque no puedo nombrar las vacantes que tengo, ¿y voy a congelar?”. Hay dos cargos sin ocupar en Trelew y uno en Rawson, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
Miquelarena reveló que este año el Ministerio Público Fiscal todavía no recibió fondos para gastos de funcionamiento. Se le deben $ 10 millones a los proveedores. “Eso nos genera un sinfín de dificultades y la verdad es que pasamos una situación crítica a punto tal de estar demorando muchas pericias muy importantes”.
Lo ejemplificó con las valijas compradas a Israel, que contienen equipos de alta tecnología para peritar celulares y computadoras. Hay dos en Rawson y una en Comodoro Rivadavia. “Requieren mantenimiento y actualización de licencias de software que cuestan unos 50 mil dólares por valija”.
Este equipamiento “es clave en una causa penal pero los software están desactualizados. Esto genera que ciertos equipos de última generación no los podemos leer o los que podemos leer, en lugar de hacerlo en 24 horas, demora 10 días. Se acumulan pericias y las esperas se hacen más largas; eso genera problemas cuando tenemos tiempos acotados para investigar”.
El procurador pidió a sus peritos informáticos un informe detallado de las condiciones en qué está el área: cantidad de pericias en 2019, en cuántos equipos, cuánto tiempo insumió cada trabajo, tiempos actuales de espera y costo de actualizar. El 12 de febrero los procuradores de todo el país se reúnen en Capital Federal para gestionar fondos ante Nación.
También “se nos rompió el aparato que hace estudios de ADN en Comodoro y por eso ahora de nuevo tenemos que mandar muchísimos al CENPAT en Puerto Madryn”. Hay dos médicas especialistas en la materia del MPF que sin ese recurso no pueden trabajar muestras.
En este escenario, Miquelarena insistió con que el tema salarial “genera muchísimo malestar por la incertidumbre” y en tal sentido se mostró “bastante de acuerdo” con el comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Además acotó que ni los retiros voluntarios ni jubilaciones anticipadas tendrían un efecto en la Justicia. “Es el peor momento porque se vienen todos los vencimientos, los empleados me preguntan permanentemente y me angustia no poder decirles una fecha de cobro”.
