El proyecto controversial establece la anulación de la prisión preventiva de los acusados si los medios de comunicación afectan la percepción sobre su inocencia.
La iniciativa fue elaborada por las senadoras del Frente de Todos Nancy González (Chubut), María Eugenia Catalfamo (San Luis), Ana Ianni (Santa Cruz), Ana Claudia Almirón (Corrientes) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco). El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, dijeron que la iniciativa es «incongruente con la libertad de prensa y la labor informativa de los medios».
Sobre el proyecto que impone a los medios responsabilidades sobre los casos judiciales que no les corresponden, Barnes subrayó que «minimiza la debida transparencia que debe existir sobre la administración pública, al blindar a los funcionarios e individuos corruptos, pero, sobre todo, coarta el derecho del público a saber».
Barnes destacó el nivel del periodismo argentino, principalmente el de la rama investigativa: «La Argentina tiene una gran tradición en el periodismo de investigación, premiado a nivel internacional y que ha contribuido a la transparencia y el derecho a la información de la sociedad».
Por eso consideró que sería «un contrasentido para la democracia que este proyecto prospere y sea legitimado por una clase política que debe tener más obligaciones que privilegios». Desde la SIP explicaron que esperan que el proyecto «sea archivado», ya que representa un duro golpe a la libertad de prensa y a la democracia.
Privilegios para Politicos
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también reprobó categóricamente el proyecto presentado por la senadora madrynense González y otras legisladoras del kirchnerismo. «Bajo la consigna de defender las garantías jurídicas del debido proceso, la defensa en juicio y de que el principio a aplicarse en cualquier proceso penal es la libertad del acusado, se vislumbra un desigual tratamiento privilegiado para funcionarios públicos, sindicalistas, y personas sospechadas comprometidas en hechos de corrupción», sostuvo la entidad.
En una declaración aprobada por el Directorio que preside el doctor Máximo Fonrouge, la institución advierte que «este desatinado proyecto se contrapone a una característica esencial de la forma republicana y representativa de gobierno, cual es la de la transparencia y publicidad debida de los actos de gobierno».
