En las últimas horas participó activamente de unos allanamientos que hizo la policía en los barrios de la zona oeste de Trelew, en los que se lo vio ingresando sin ningún problema a los domicilios en los que se estaban realizando los procedimientos, sin estar habilitado para hacerlo. En estos casos volvió a cometer una sucesión de maniobras ilícitas por las que bien podría ser llevado a la Justicia. Encima, se hace filmar y fotografiar en plena faena delictiva. ¿Qué raro que ningún abogado o fiscal no lo ha denunciado todavía?
Massoni no tiene “estado policial” y no debería ingresar a los lugares que se están allanando, por más que sea el ministro de Seguridad de la provincia. Si no figura en la orden que otorga el juez para requisar el lugar tiene prohibido el ingreso: no puede entrar.
Él, mejor que nadie porque es abogado, debería saberlo y tendría que tener en claro además que con su sola presencia podría “hacer caer” el procedimiento y provocar que sea declarado nulo después en la Justicia.
El delito en el que “prima facie” incurre Massoni se llama violación de domicilio pero como él es funcionario el tipo penal es más grave y recibe el nombre de “allanamiento ilegal”.
El Código Penal Argentino es claro y contundente ante este tipo de hechos y dice así: “Se impondrá pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina”.
Concretamente, si ingresara a cualquier propiedad privada debería tener orden de un juez, en la que tendría que aparecer su nombre, el cargo, su DNI y el por qué lo autoriza el magistrado a entrar a allanar el o los domicilios. ¿Qué raro que ninguno de los alcahuetes que lo rodea habitualmente no se lo dice o es que desconocen la Ley también?