«Espero que el juez revise claramente lo que hará con este tipo de acuerdos», dijo el exdiputado Blas Meza Evans al criticar el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli.
“Carpintero estaba acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito; por eso le habían pedido una pena de ocho años. Si reconociera los dos delitos de los que estaba acusado, nunca hubiera tenido una pena, más allá de un acuerdo, de tres años, y en consecuencia debería ir preso. Se le quita la figura de asociación ilícita y se le deja la de enriquecimiento ilícito para justiciar los tres años”, señaló el exdiputado provincial Blas Meza Evans al cuestionar duramente el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli en el marco de la causa Revelación que debería haber ido a juicio este año.
“Oca reconoce haber sido organizador de una asociación ilícita con la misma pena, pero con ninguna sanción pecuniaria. Oca no tiene multa, no tiene nada, se va a la casa y seguirá viviendo como hasta hoy”, añadió sorprendido el también exfiscal de Estado en declaraciones a Radio 3.
Meza Evans entiende que “no están poniendo la plata de ellos; están poniendo la nuestra para salir libre; esa es la indignación”.
“Supongamos que sea el 100 por ciento de lo que se ‘choreó’. No lo creo, pero igual es ridículo. ¿Qué sentido tiene el sistema penal entonces? La prisión es una amenaza que actúa como una cuestión ejemplificadora”, agregó.
“Ahora cualquier funcionario va a decir que esto no es grave; ‘hagamos lo que se pueda hacer que no pasa nada’. La transacción no cumple con el precepto del sistema penal, que no sólo es la reparación, sino operar como ejemplo para que este tipo de conductas no vuelvan a repetir”, insistió.
Justamente, con la posibilidad de iniciar otra causa de corrupción como “Ñoquis Calientes”, Meza Evans especuló con que “ahora Torres Otarola ofrecerá 500 mil pesos y se irá a la casa porque pedirá un tratamiento similar”.
Concluyó que “acá hay un acuerdo entre imputados y fiscal, pero en definitiva es el juez quien debe resolverlo”, informó El Patagónico.