La denuncia fue presentada hace más de dos años por la Oficina Anticorrupción al fiscal Alejandro Franco, pero hasta el momento no se conoce ninguna novedad. Se comprobó que hubo al menos 35 vuelos oficiales entre San Fernando y Trelew, por una suma de $ 9 millones pagados a dos empresas privadas por el gobierno provincial, cuando la Dirección de Aeronáutica estaba bajo la órbita de Diego Correa. Nunca hubo control de nómina de pasajeros ni de la carga o el equipaje.
La documentación fue recopilada de los boletines oficiales y no deja lugar a dudas: en los años 2016 y 2017, la provincia pagó más de 9 millones de pesos a dos empresas privadas de aviación por el servicio de 35 vuelos que unieron los aeropuertos de San Fernando y de la Base Almirante Zar, en Trelew. Nunca hubo registro de quienes subieron a esos aviones, ni tampoco de qué carga llevaron, porque así lo establece la ley ante un vuelo “oficial”.
Fue en la época en la que el área de la Dirección de Aeronáutica de la provincia pasó a depender de la recién creada Unidad Gobernador, a cargo de Diego Correa. El mismo secretario de Mario Das Neves fue quien registró sus viajes acompañado por gente de su entorno privado, en fotos y videos que están en poder de la justicia, a partir de material secuestrado en la causa Embrujo.
A partir de un trabajo de investigación previo, los titulares de la fiscalía Anticorrupción, Guillermo Hansen y Mario Romeo, presentaron una denuncia penal hace más de dos años, en mayo de 2018, ante la sospecha de presunto fraude al Estado y posible peculado de servicios. Pero aún no hay ninguna novedad sobre el asunto, que espera algún tipo de actuación del fiscal de la procuración, Alejandro Franco. Incluso hubo una denuncia a una causa paralela, por vuelos sanitarios que no se prestaron, pero igual fueron pagados, como denunció la madre de una paciente oncológica.
Ante esta inactividad, ADNSUR dialogó con uno de los autores de la denuncia original, el Fiscal Anticorrupción Adjunto, Mario Romeo, quien recordó que “hicimos una presentación hace bastante tiempo y acompañamos las novedades posteriores con la presentación de la denuncia en relación con la contratación de vuelos de la provincia con dos empresas privadas”. Recordó que como “eran vuelos oficiales no tenían ningún tipo de control de carga, ni de personas ni de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por estar exentos de la normativa de la Aviación Civil”.
Indicó Romeo que se trata de “una serie de vuelos que no habían sido utilizados por el Gobernador Mario Das Neves en el 2016 y en el 2017”, que según se pudo averiguar “fueron contratados 35 vuelos con un perjuicio importante para la provincia, de alrededor de 9 millones de pesos, que no correspondían a que el Estado tenga que abonarlos en su totalidad”.
Sostuvo que en ese momento “había 2 aviones de la provincia. Uno de ellos estaba en reparación en EEUU donde estuvo durante 8 meses en los que no fue utilizado. Sólo funcionaba el avión sanitario que era utilizado por parte de algunos funcionarios”. Explicó que por esa razón, desde ese organismo de control que depende de la Legislatura “entendimos que había una defraudación al Estado, porque los vuelos privados contratados sólo debían pagarse si eran utilizados de manera exclusiva por el Gobernador ante una visita oficial a Buenos Aires”.
En la información previa que se recopiló, dijo Romeo que “desde la Dirección de Aeronáutica expresaron que el Secretario Privado del Gobernador de entonces, Diego Correa, dio la orden de que los vuelos sanitarios se hicieran en otros horarios, porque él tenía que disponer de ese vuelo. Hay que recordar que en ese momento, los aviones dependían de la Unidad Gobernador porque armaban los expedientes que pagaban los servicios de los vuelos”.
SIN CONTROL
Recordó el Fiscal Anticorrupción Adjunto que la denuncia fue presentada en la Fiscalía de Rawson, y “el expediente fue asignado al Dr. Franco e involucra a 2 empresas”. Y puntualizó que este caso “se inicia por un viaje de un diputado nacional de ese momento que vino a un acto político al Club Independiente. Se pagaron vuelos oficiales por cuestiones privadas o partidarias y no tendría que haberse hecho”.
Dijo que en total, “eran 35 vuelos con un promedio de $530.000. Los vuelos privados salían del aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) con llegada a Trelew”. Y sostuvo que “pedí informes sobre los pasajeros que volaban para corroborar, pero por la naturaleza oficial de los viajes, es difícil comprobar los pasajeros que viajaban, ni la carga que transportaban. Pedí a las empresas el listado de las personas para corroborar si viajaba el Gobernador, pero se negaron rotundamente a brindarme esa información porque están exentos de la normativa aeronáutica”.
Admitió Romeo que “hay una imposibilidad de identificar a las personas que viajaban y no se puede afirmar de manera fehaciente, porque no se brinda información más allá de la circulación de las fotos y los videos de los particulares o familiares de particulares que utilizaron los aviones, a los que hay identificar porque participaron en los vuelos que fueron abonados por la provincia”.
Estas personas, según el funcionario, deben ser identificadas “con el objetivo de hacerlos responsables de la ‘defraudación al Estado’ y también sobre el ‘uso y goce de los bienes públicos en beneficio personal’. Respecto al secreto de estos datos, lamentó que “hoy en día la legislación sigue siendo la misma, ya que los vuelos oficiales no pasan por ningún organismo de control ni en Trelew, ni en Aeroparque ni en ningún aeropuerto de la Nación. Todo el trabajo fue dificultoso para hacernos de la información. Los organismos del Estado son reticentes para entregar los datos y más aún cuando son gobernadores o ministros cuando están fuera del sistema de control”.
Respecto al poco avance de la causa, Romeo dijo que “la pandemia demoró estas investigaciones pero –de todos modos- cada 2 o 3 meses voy a ver al Fiscal y le consulto si hubo algunos avances. Sé que ha pedido algunos Oficios, y hasta ahora no hubo una resolución definitiva sobre el archivo, desestimiento o la apertura de investigación. El titular de la acción penal es la Fiscalía, y si bien el año pasado, el fiscal Franco pidió algunos expedientes, no tengo mayor conocimiento de las medidas posteriores”.