Luego de un intenso debate, los bloques de Chubut al Frente y de Juntos por el Cambio aprobaron la reforma a la ley que estaba vigente desde el año pasado, a pesar del pedido del bloque del PJ-Frente de Todos de seguir discutiendo el tema en comisión. Ahora la titularidad de las farmacias no será algo exclusivo de los profesionales del rubro, y la ley deja de aplicar efectos retroactivos.
Luego de un análisis que llevó cinco meses en comisión, la Legislatura finalmente trató este jueves la reforma impulsada por el diputado oficialista Emiliano Mongilardi para retrotraer algunas reformas introducidas en la nueva Ley de Farmacias impulsada en la anterior Cámara de Diputados, con el argumento de que el Superior Tribunal había considerado inconstitucionales algunos artículos que obligaban al cierre de muchos establecimientos, y podían dejar en la calle a una gran cantidad de empleados. La nueva ley contó con los votos de los bloques de Chubut al Frente y de Juntos por el Cambio, no así del PJ-Frente de Todos, que pedía más tiempo para consensuar los cambios con todos los actores.
Finalmente fueron tres las reformas introducidas a la ley, luego de intensos debates en la Comisión de Legislación Social con la Cámara de Farmacias, el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Salud, más el aporte de especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia: se modificó el requisito de que la titularidad era exclusiva de los farmacéuticos, y también el artículo 144 que obligaba a adecuarse a la ley en 180 días, por lo que todas las sociedades constituidas y titulares que no eran farmacéuticos debían cerrar.
Según explicó en la sesión el diputado comodorense Carlos Gómez, esta cuestión había motivado la presentación de un recurso de amparo por parte de una de las cadenas, por ver afectados derechos adquiridos y la libertad comercial, por lo que afirmó que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 155 y 144, porque de aplicarse, deberían haber cerrado casi todas sus sucursales en las principales ciudades y se iban a caer “90 empleados y 10 profesionales de farmacia” en una de las principales cadenas, y también peligraban los más de 350 puestos de trabajo de las farmacias sindicales, según dijo el legislador.