El juez Cesar Zaratiegui deberá dictaminar en las próximas horas si le da validez o no a la querella que el polémico ministro pretende llevar adelante contra el periodista de Cholila Online, Darío Fernández. Los abogados de Fernández denunciaron que es ilegal y en una pormenorizada exposición le demostraron al magistrado por qué están seguros de ello. Ahora bien, si Zaratiegui le falla en contra a Massoni lo dejaría expuesto a una eventual contradenuncia de Fernández y entonces: ¿cuál será la determinación que tomará el juez? ¿Hay presiones desde el Gobierno para que su dictamen favorezca a Massoni?
La audiencia preliminar en donde quedó expuesto de esta manera el caso, que se lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson de manera remota, a través de videoconferencia, se realizó a mediados de semana y Massoni no estuvo presente.
Él, acusa a Darío Fernández de haberlo calumniado en un informe periodístico en el que aparece involucrado en un sospechoso manejo de dineros públicos, pero el documento judicial en donde denuncia a Fernández carece de valor porque no lo firmó y tampoco puso otros datos que son esenciales y obligatorios, tales como su número de DNI o el domicilio donde vive. Ahí directamente Massoni, como burlándose de la Justicia, colocó “Fontana 50”; la dirección donde queda en Rawson Casa de Gobierno.
Así, con ese papel “trucho” Massoni y su abogado Martín Castro, pretenden llevar adelante la querella contra Fernández. Aunque esta irregularidad no es la única, hay varias. Hasta tergiversaron las expresiones de un jurista, al citarlas en un párrafo del escrito con el que desarrollan su pretendida acusación hacia el periodista. Una verdadera vergüenza.
A la par de esta mal pretendida querella, el cuestionado ministro de Seguridad fue más allá y le pidió al mismo juez Zaratiegui, hace casi un mes, un “bozal legal” para que –increíblemente pese a que es funcionario público—no se lo mencione en el portal de noticias Cholila Online y Zaratiegui le falló a favor admitiendo una clara maniobra anticonstitucional de “censura previa”, en una resolución por la que ahora –también en las próximas horas—deberá el magistrado decidir si continua beneficiando a Massoni o hace que se respete el artículo 14 de la Constitución Argentina, que garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de ‘publicar sus ideas por la prensa sin censura previa’.
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