Coimas para votar la megaminería: el allanamiento al abogado acusado ¿fue una “puesta en escena”?

Recién a la semana de que se conociera la denuncia de la diputada Lloyd Jones, un fiscal fue –supuestamente– a buscar pruebas incriminatorias a la casa y al estudio del abogado acusado y terminó llevándole el teléfono celular y las computadoras. ¿Encontrará algo allí que complique al sospechoso en una eventual causa judicial que podrían iniciarle? ¿Sobre todo después que el propio Guillermo Corneo pusiera a disposición de la Justicia esos aparatos, ni bien supo que lo sindicaban de haberle ofrecido millonarias sumas de dinero a ciertos legisladores, a cambio de que votaran la zonificación minera?

Lo del fiscal Omar Rodríguez, allanando al abogado Corneo, fue una penosa demostración de lo que no se debe hacer en una investigación en la que se buscan evidencias de uno o varios hechos de corrupción. Encima el funcionario –presuntamente sin quererlo– alertó 24 horas antes a Corneo de que le iba a hacer los procedimientos; cuando fue a la casa de su madre y pretendió allanarla –dicen por equivocación– creyendo que él vivía ahí. Le pidieron disculpas a la mujer y se fueron.

¿No será que nos están engañando y que lo que realmente están haciendo es “una puesta en escena” en un caso que va a terminar en la nada?

A partir de las publicaciones de Cholila Online ya se conoce los vínculos del abogado Corneo con el procurador General Jorge Miquelarena, el gobernador Mariano Arcioni y el controversial Federico Massoni, que también aparece aquí como “un gran garante de la maldad”. Entonces, cualquier podría colegir que lo que hicieron este miércoles en la zona sur de Trelew fueron maniobras como para que nadie pueda reprochar que los fiscales de Miquelarena se hicieron los distraídos o que no hicieron nada porque se trataba del abogado Corneo.

Según dijo el fiscal Omar Rodríguez en la nota exclusiva que le dio al diario y a la propaladora del millonario sindicalista Héctor González el delito que investiga es posible “tráfico de influencias”, que tiene una pena que va desde los seis meses a los dos años de prisión.