Un Comité antidiscriminación de las Naciones Unidas (ONU) admitió la denuncia por parcialidad presentada contra un juez de Chubut por la abogada de una familia mapuche, en el marco de un conflicto por tierras iniciado por empresarios en plena pandemia.
“El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) me comunicó esta semana que admitió la denuncia que presenté en junio contra el juez Jorge Criado”, dijo a Tierra Viva la abogada Sonia Ivanoff, defensora de Gloria Colihueque, hija de Isabel Catriman, poseedora de las tierras en conflicto.
En la causa a cargo de Criado, Colihueque está imputada por amenazas contra dos empresarios que irrumpieron en el campo de su madre, en el Parque Nacional Los Alerces. Además, el juez ordenó una restricción que le impide acercarse al lugar.
La letrada pidió en su momento la nulidad de esa medida agravada por la pandemia, argumentó respecto de las supuestas amenazas “el contexto de reivindicación de las tierras de la familia” e invocó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre protección de derechos de los pueblos indígenas, instrumento que tiene en la Argentina rango constitucional.
El juez Criado rechazó el pedido y dijo que “no hay prerrogativas de sangre”, en alusión a los derechos de los pueblos originarios, “sin entender que el principio de igualdad y no discriminación es todo lo contrario de lo que él está planteando”.
“Además, el juez había tenido afirmaciones periodísticas respecto a la nacionalidad mapuche y eso indicaba parcialidad, circunstancias que me llevaron a plantear su apartamiento en la causa”, puntualizó Ivanoff.
Como Criado no se quiso apartar ni excusar, después de agotar la vía interna en la justicia de Chubut la abogada acudió al CERD de Naciones Unidas.
Uno de los actores de la denuncia por amenazas contra Gloria Colihueque, Alejandro Samame, es hijo del ex procurador fiscal de Chubut Eduardo Samame. La abogada de la comunidad lo evaluó como “una situación muy particular que puede explicar lo rápido que se movió la Justicia en plena pandemia, cuando estuvo y está paralizada, más en Chubut”.
Tras la aceptación de la denuncia de Ivanoff por parte del CERD, el Estado argentino deberá contestar a través de la Cancillería, para lo cual recabará información al Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
En otra causa tramita el conflicto en torno a las tierras de Isabel Catriman “con una medida que esperemos que se renueve antes de la feria (de enero próximo), porque es muy preocupante la situación y habitualmente en la feria de verano ocurren todas las injusticias”, señaló Ivanoff.
“A nivel contencioso administrativo, hemos pedido la nulidad de la resolución que ha desconocido el derecho de la real ocupante mapuche y su familia viviendo en ese lote”, amplió.
El conflicto comprende 825 hectáreas de tierras fiscales que integran el Parque Nacional Los Alerces y de las que la familia Catriman-Colihueque es poseedora desde hace más de dos décadas.
“Un hijo ya fallecido de Isabel Catriman primero y luego ella se establecieron en este campo, por acuerdo con el ‘fiscalero’ Lucio Freeman, quien incluso reconoció que ellos co-poseían” las tierras, relató la abogada.
Fallecido Lucio Freeman, Samame y Nahuel Serra negociaron con su hijo Luciano la adquisición de derechos posesorios que reclaman, con documentación en la que figuran tres compradores.
“Si Luciano Freeman vendió, el Estado, que es el administrador de las tierras fiscales, deberá tener en cuenta la posesión de Catriman-Colihueque”, ya que en ese caso “compraron tierras con indios adentro, como suele decirse”, subrayó Ivanoff.
Finalmente, argumentó que los adquirentes “ni siquiera residen en la provincia, algo que está prohibido por la ley de tierras fiscales”, publicó Tierra Viva.
Fuente: Con Sello Patagónico
