El juez porteño Marcelo Martínez de Giorgi –quien tiene varias causas de alto impacto en su Juzgado de Comodoro Py, la mayoría dejadas por el extinto Claudio Bonadío— mandó el otro día a la policía Federal a hacer un procedimiento en una firma transportista de Trelew para secuestrar más de 39.000 dosis de test rápidos para detectar Covid-19, que estuvieron allí durante dos meses sin que nadie las fuera a buscar. Al misterioso cargamento lo mandaron desde Buenos Aires y dicen que su destinatario seria alguien cercano al gobernador Mariano Arcioni.
¿Qué investigaría la Justicia Federal? Posibles negocios turbios con esos test que, encima, están vencidos. Son 39750 dosis de “Sinocare” que fueron secuestrados en medio de un sigiloso operativo llevado a cabo por personal de la Policía Federal en el depósito de una empresa transportista del parque industrial de Trelew.
Muy poco se conoció del caso, justamente porque habría otras actuaciones de Martínez de Giorgi piensa concretar en la zona –seguramente—en los próximos días.
¿Qué pensarían hacer los corruptos con esos test vencidos? Eso debe ser lo que está investigando el magistrado, al igual que el rol o la responsabilidad en el caso del amigo de Arcioni. Un dato a tener en cuenta, a un conocido piquetero se lo menciona como vinculado también a estas supuestas maniobras delictivas.
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