El Indec ha dado conocer los nuevos valores, calculados sobre el mes de marzo, de la Canasta Básica Total (CBT), la cual fija la línea de pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que estipula la línea de indigencia. La primera se sitúa en $60.874 y la segunda en $25.685, aumentando un 5% y un 4,5% respectivamente en relación al mes anterior.
Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en $21.600; y la jubilación mínima que cobra la mayoría de los jubilados en $20.571; el salario de una empleada de casa particular promedia $23.000; un programa social como el Potenciar Trabajo se halla en $10.800, y la Asignación Universal por Hijo es de $4.000. Todas cifras fijadas por el Estado que están debajo de la línea de indigencia, y denotan el grado de pauperización social a que es sometida la población trabajadora.
La CBT acumuló un aumento del 13,2% en el primer trimestre de 2021, es decir que incluso sube por encima de la inflación general, lo cual demuestra que son los trabajadores los más golpeados. En marzo, los precios de los alimentos registraron avances del 4,6%, con cifras más altas en productos de consumo popular como la carne (6,8%), en los lácteos (6,8%) y en el aceite (6,4%).
Salta a la vista el fracaso rotundo que ha significado la política de control de precios llevada adelante por el gobierno. La ausencia de medidas reales ha dado lugar a la remarcación de precios por parte de las empresas y al traslado interno del precio internacional en alza de las materias primas. La única vía de combatir ello es con la apertura de los libros de la cadena de valor para evaluar los costos de producción y comercialización, y la nacionalización del comercio exterior para evitar que los precios internos se acoplen a los internacionales.
Por otro lado, el pacto no escrito que mantienen entre el gobierno de Alberto Fernández, las patronales y las burocracias sindicales para imponer techos salariales, se traduce en que los sueldos evolucionaron a un ritmo mucho más lento en relación al avance del costo de vida. Mientras que las canastas de pobreza y de indigencia tuvieron un aumento interanual del 48% y del 45%, respectivamente, el promedio salarial del sector privado (calculado por medio del índice RIPTE) experimentó un incremento de tan solo el 28,21% en un año.
La brecha entre los ingresos y la línea de pobreza se ensancha en el universo de la informalidad laboral, donde los salarios son menores y su actualización más rezagada. Para dimensionar el alcance del trabajo no registrado en el país vale tener en cuenta que según datos oficiales más de 5 millones de personas que recibieron el IFE el año pasado no cuentan con aportes en el sistema previsional, es decir que son trabajadores se encuentran precarizados o en negro. De ellos, 1.428.000.000 son jóvenes entre 18 y 24 años.
En un escenario donde cada vez más trabajadores se hunden en la pobreza, exigimos un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $60.874. Con este planteo, el Plenario del Sindicalismo Combativo junto con el Frente de Lucha Piquetero se moviliza el próximo 27 de abril al Consejo del Salario Mínimo, unificando en las calles los reclamos del movimiento obrero ocupado y desocupado.
