En horas del mediodía, funcionarios del Ministerio Público Fiscal realizaron las pericias en la chacra dónde fue asesinado Tino John. El procedimiento contó con la presencia de Claudia Costa Basso, pareja de Tino, su abogado y el perito contratado por ella, Enrique Prueger. A casi cuatro meses del hecho, la versión oficial del enfrentamiento armado parece insostenible.
Tino John fue asesinado el pasado 27 de mayo en un operativo del GEOP ordenado por el Fiscal Carlos Díaz Mayer ante una denuncia por presuntos disparos realizados desde la chacra en que habitaba en el paraje Las Golondrinas de Lago Puelo. El operativo ignoró totalmente el hecho conocido de que John era un paciente crónico debido a padecimientos psicológicos, pasando por alto el protocolo establecido por la ley de salud mental. La brutal intervención policial fue replicada pocos días después por la bonaerense de Sergio Berni cuando balearon al cantante Chano Charpentier en medio de una crisis nerviosa en su vivienda, poniendo en discusión el abordaje estatal de estas situaciones.
En horas del mediodía de este miércoles se realizó la pericia psicológica para establecer el perfil de Tino John en la fiscalía de El Hoyo. La funcionaria de la Fiscalía Marta Monge y el psicólogo del Ministerio Público Fiscal, entrevistaron a Claudia Costa Basso y a un ex empleado de John, únicos que se presentaron a la instancia pericial.
Luego se realizó una recopilación de datos en la vivienda donde se produjo el asesinato de Tino a cargo del Licenciado en Criminalística del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración Alberto Enes, con la presencia del perito de parte de Claudia Costa Basso, pareja de John, el Licenciado en Criminalistica Enrique Prueger, el defensor publico Marcos Ponce en representación de uno de los hijos de John, la funcionaria de la fiscalía a cargo del Fiscal Carlos Díaz Meter, Marta Monge, y el abogado Edgardo Manosalva en representación de los otros dos hijos de la víctima.
La recopilación de datos constituye una instancia para la reconstrucción histórica del hecho, dónde se excluye del peritaje tres eventos previos de gran relevancia para la causa como son el ingreso del personal del GEOP a la chacra propiedad de John, y el momento en que Claudia se encuentra con Tino afuera de la casa, y luego cuando es reducida por el personal policial, para lo cual el perito Alberto Enes dijo no tener evidencia material. De tal modo, se reduce el contexto de la investigación judicial a la escena del crimen, esto es, el cuarto donde John fue ultimado por efectivos del GEOP.
Este recorte en la investigación dejaría por fuera el armado del operativo y las responsabilidades en la utilización del GEOP para un caso enmarcado en el protocolo establecido por la ley de salud mental, para depositar la responsabilidad en el efectivo responsable del disparo. Una práctica recurrente en casos en que las responsabilidades de funcionarios políticos o judiciales están en discusión.
De hecho la acerrima defensa del ministro Massoni al accionar policial durantela farsa de interpelación que le realizó la legislatura, además de una reivindicación de su política de mano dura, constituye una búsqueda de deslindar su responsabilidad como jefe de la misma.
Enes recordó antes de ingresar a la chacra que las cámaras con que contaban los efectivos se encontraban apagadas, a lo que Monge aclaró que las filmaciones habían sido borradas. Lo más relevante es que existiendo un protocolo nacional al respecto para las fuerzas especiales, las cámaras no son provistas por la fuerza, sino que las adquiere cada uno de los efectivos para su propia «seguridad» ante circunstancias eventuales de su accionar. Entonces, borrar las filmaciones, responde a encubrir un hecho ilegal, sin dudas, pero ¿Quedaría en el marco de una decisión individual o constituye destrucción de evidencia? Monge informó que no hubo posibilidad de recuperar las filmaciones borradas, algo que contradice la realidad de otras investigaciones.
La presencia de Prueger, perito de probada experiencia en casos de asesinatos a manos de fuerzas de seguridad como el de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, o el disparo que destrozó el.maxilar de Emilio Jones Huala a manos del GEOP en 2017, pareció incomodar al equipo del Ministerio Público Fiscal que hasta último momento planteó dudas sobre su presencia durante el desarrollo de la medida judicial.
El resultado de la pericia realizada hoy, dió cuenta de algunas diferencias en la interpretación de la evidencia recogida por parte del perito oficial. Por un lado. Los disparos que supuestamente habría realizado la víctima en nada se condicen en su trayectoria con la versión oficial dada por la Policía. Estos se habrían realizado desde fuera y desde abajo de la habitación donde fue ejecutado John y donde presuntamente disparó según el relato oficial. Al mismo tiempo, según el perito de parte Prueger, la ubicación de John al momento de ingresar el GEOP a la vivienda no sería la misma que establece la pericia oficial.
Toda esta información y evidencia será confrontada en el juicio a realizarse, donde en base a la recopilación de toda la información producto de las pericias, el Ministerio Público Fiscal elaborará la acusación formal respecto al asesinato de Tino John en Las Golondrinas.
Todos estos hechos fueron seguidos de cerca por Claudia Costa Basso, con marcados signos de agotamiento producto de casi cuatro meses de trajín entre abogados y una justicia que no esconde su relación con el poder político, toda vez que debe actuar.
Fuente: El Extremo del Sur