Si ustedes piensan que por el hecho de que Massoni se fue del estado se terminaría el abuso y la violencia policial, están muy equivocados.
El ex – ministro dejó con su retirada un legado perjudicial para el estado de derecho, como lo es el “Protocolo de Uso de Armas de Fuego” para la Policía del Chubut.
El silencio de nada menos que del procurador general Jorge Miquelarena para solicitar la inconstitucionalidad de un reglamento tan peligroso e irregular como ese sigue significando, por omisión, un aval flagrante de parte del funcionario, puesto a que es uno de los legitimados para llevar a cabo las pertinentes acciones judiciales.
Recibió presentaciones de parte de los organismos de derechos humanos y demás actores para que inicie un reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia, pero el procurador “cajoneó” todos esos requerimientos; y por ende, el protocolo sigue vigente hasta el día de hoy con el riesgo de que se cobre la vida de otro ciudadano chubutense como fue el caso de Alejandro “Tino” John, el chacarero asesinado por el GEOP.
Recordemos que el Protocolo de Uso de Armas de Fuego es una norma creada por resolución ministerial de Massoni, que autoriza a los policías a utilizar la fuerza letal ante “situaciones complejas”, pero de ninguna manera detalla aspectos claves como la “excepcionalidad” y el “último recurso”.
De manera que no se detalla en qué clase de “situación compleja” se ameritaría el uso letal del arma reglamentaria, puesto a que los policías casi todos los días atraviesan situaciones complejas en el desempeño de sus funciones, ya que aquellas forman parte de los gajes esenciales del oficio, lo que no debería implicar desenfundar el arma y asesinar a todo aquel que se le acerque al uniformado para lastimarlo, tiene que haber un límite.
Se debe utilizar un criterio riguroso para el uso letal del arma reglamentaria, de lo contrario caeríamos en la desproporcionalidad de los agentes policiales de EEUU.
De hecho, ya desde “el vamos” empezamos mal teniendo en cuenta que ese protocolo es “aprobado” por un ministerio, lo que implicaría una invasión total de las competencias del poder legislativo, que debería de haber sido el órgano encargado de tratar una norma tan delicada como esa.
En pocas palabras, se ha puesto la vida de un sujeto al final del caño de un arma de fuego simplemente por una resolución del Ministerio de Seguridad, algo completamente inaceptable en un estado de derecho; sí sería conducente en países como Siria, donde los funcionarios estatales deciden quién muere y quién vive haciendo un juicio de valor inmediato en las calles.
Esto demostró que una resolución ministerial en Chubut estaría, aunque parezca mentira por encima de la Constitución Nacional y todo un andamiaje de normas de carácter general que involucra hasta tratados internacionales. Massoni una mañana despertó y se le ocurrió ir a sancionar leyes en su despacho, tan sencillo como eso.
Jorge Miquelarena, el jefe de fiscales, hasta ahora no ha solicitado que se declare inconstitucional esa resolución, hecho que suma a un amplio historial de actitudes que lo convierten en el gran protector de Massoni y que genera a su vez impunidad a favor de muchos otros funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni.
Este “protocolo” ya se cobró la primera víctima el año pasado, Alejandro “Tino” John, un chacarero de la localidad de Golondrinas, con problemas psiquiátricos que vivía atormentado por los usurpadores que pretendían sus tierras.
“Tino” John los vivía ahuyentando a fuerza de disparos intimidatorios al aire con su carabina calibre 22 ¿Cuál habría sido la jugada de los usurpadores? Denunciarlo. Básicamente, los victimarios habrían denunciado a la víctima.
El GEOP lejos de respetar el “Protocolo de Resolución de incidentes Críticos” que involucra la utilización de un mediador policial que dialogue con el chacarero, dejando la entrada táctica y la fuerza letal solo como último recurso; omitieron todas las etapas de un plumazo e ingresaron violentamente por asalto al domicilio de John, ejecutándolo de un disparo limpio a la cabeza.
Lo peor es que este asesinato fue avalado por el mismo Massoni, la cúpula policial y el procurador general Miquelarena, que no hizo absolutamente nada para clarificar cómo fueron los hechos.
La Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) destacada en la provincia, se acercó a Miquelarena para exigirle que reclame la inconstitucionalidad de la resolución, pero como se podía esperar de él, no hizo nada.
Así que a la APDH no le quedó otra opción que presentar por “motus propio” la acción judicial ante el Superior Tribunal de Justicia, para que se deje sin efecto ese protocolo antes de que se cobre la vida de otro ciudadano.