Recordemos que el pasado 15 de diciembre no solo se aprobó la megaminería, sino que también los pliegos de los funcionarios “recomendados” por Arcioni a ocupar los cargos de ministros del tribunal supremo.
Los nuevos jueces del superior tribunal de justicia que fueron recomendados por el gobernador y aprobados por los legisladores en aquella sesión “a las apuradas” fueron Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y el oscuro Daniel Báez; todos soldados de Mariano Arcioni.
La designación de estos candidatos, abrió un panorama de fuertes sospechas de operación política en relación a la insistente implementación del negocio de la megaminería por parte del gobierno.
El Superior Tribunal de Justicia, es la última instancia del poder judicial chubutense. Si la megaminería no hubiere sido derogada en estos días y se hubiese desarrollado sin problemas, el hecho de que estos individuos se encuentren ocupando aquellos cargos hubiera dado mayor impunidad a la ley ante eventuales presentaciones ciudadanas de amparos legales.
Si nos imaginamos en una situación como tal, nos resultaría obvio concluir en que los nuevos integrantes del tribunal supremo fallarían en contra de todo tipo de presentaciones legales que realice la ciudadanía y a favor de la zonificación minera, favoreciendo a aquél que los “recomendó”, es decir Mariano Arcioni.
Los integrantes de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial se opusieron, a través de un comunicado, a la efectiva designación de los nuevos magistrados, arguyendo que habrían existido IRREGULARIDADES con respecto a la designación de los mismos.
Los legisladores en el afán de aprobar los pliegos, habrían ignorado por completo una gran cantidad de cuestionamientos realizados por organizaciones no gubernamentales de amplia trayectoria que habrían sido CLAVES para que no prosperen las designaciones de los funcionarios.
Además se habría avasallado notablemente el proceso de selección constituido por la ley V- N° 152 del digesto jurídico de la provincia.
También resaltaron que de producirse la asunción efectiva de los “recomendados” se configurará “un cuadro de grave afectación a la independencia interna y externa del Poder Judicial en relación a tales investigaciones”.
De todas formas, estos “soldaditos” de Arcioni asumieron este miércoles y realmente no resulta para nada tranquilizador que esos sujetos estén ocupando esos asientos, puesto a que a pesar de que la megaminería fue derogada, Mariano Arcioni y su gente gozarían de gran impunidad en la justicia; jamás serían investigados ni condenados por cualquier delito en el cual se los pueda encontrar responsables, y con el detalle subsistente de que pueden volver a insistir en el futuro con el proyecto de zonificación minera teniendo el apoyo de nada menos que del Poder Judicial.