“Acá no hubo malversación de fondos ni nada de eso: no advierto ninguna maniobra rara, pero sí un error importante”, dijo ayer el intendente Sergio Ongarato, al confirmar a la prensa que la Municipalidad de Esquel deberá pagar una suma millonaria por el alquiler de un edificio que nunca se llegó a usar.
Entre el 2018 y el 2019 se extendió el alquiler de parte de las instalaciones del edificio ubicado en calle Darwin al 400, entre la avenida Ameghino y San Martín, donde actualmente funciona el IPV, el Registro Civil y el Juzgad de Paz, entre otras dependencias públicas. La intención era trasladar a ese edificio también el Concejo Deliberante, Defensa al Consumidor, Tierras Fiscales y la Asesoría Legal municipal, pero mas allá de haber firmado un contrato de alquiler con el propietario del inmueble, el traslado de estas dependencias municipales finalmente no se concretaron y recién en el 2020 se terminó de rescindir el contrato.
“El 17 de julio del 2020 se rescinde el contrato a través de una carta documento que firmé yo”, recordó Ongarato. «El alquiler es de noviembre del 2018 a diciembre del 2019, por lo que corresponde a la gestión anterior» (primer gobierno de Ongarato).
Advirtió Ongarato que cuando asume la actual secretaria de Hacienda «plantea que hay un reclamo de casi 6 millones de pesos de la firma que alquilaba el local por una deuda atrasada, ya que en 2020 se rescinde el contrato. El alquiler era de 76.400 pesos, hablamos del año 2018. Se pagaron 7 u 8 meses de alquiler, pero después se dejó de pagar, eso es lo que reclamó la empresa.
Después de eso se empezó a acumular deuda, y la discusión era si se tenía que pagar si no se ocupaba el edificio. Asesoría Legal dijo que correspondía pagar, ya que el propietario no podía hacer uso del edificio por el contrato de alquiler”.
«UN ERROR IMPORTANTE»
Explicó el intendente de Esquel que el año pasado se exigía a la municipalidad una deuda de 5 millones 800 mil pesos por parte de la inmobiliaria. “Pedí de llegar a un acuerdo por el 50 % de ese monto, ya que la municipalidad tenía todas las de perder si se llegaba a una instancia judicial. Entonces se pagaron 2 millones 900 mil pesos por el atraso en los pagos del alquiler que se había hecho”.
Aseguró Ongarato que “esto es un error importante en lo que es el manejo administrativo de la municipalidad. Es un caso puntual, no es una acción dolosa porque esto no tiene nada que ver con las situaciones de robos a las que estamos acostumbrados a ver tanto en provincia como en Nación. Fue un error y corresponde una investigación”.