Vaticinan hechos de corrupción sin precedentes en Chubut con los negocios entre el gobierno y la empresa Karsten S.A (Kolektor)
Hace poco te contábamos sobre la aparición en escena de la firma Kolektor, una empresa privada que se encargaría de llevar a cabo las funciones de un ente del estado, la Dirección General de Rentas, entiéndase: recaudar impuestos. Parece una locura, pero es así, el gobierno mediante estas artimañas buscaría privatizar la recaudación de la provincia.
Esta entidad ya operó de esta forma en otras provincias como Córdoba, donde fue fuertemente señalada por supuestamente cometer actividades fraudulentas con las arcas del estado, en complicidad con el gobierno provincial de Schiaretti (gobernador de Córdoba).
Arcioni desde los primeros días de abril que se frota las manos y tiene pensado instalar esas mismas operatorias en nuestra provincia, pero los empleados de Rentas ni bien fueron anoticiados de las intenciones del poder ejecutivo recientemente, dejaron bien en claro que no quieren formar parte de estas maniobras a las que consideran tajantemente “ilegales”.
También te habíamos dicho que esta empresa cambia de nombre como los miembros del directorio de calzones, pero en las entrañas de la firma siempre encontramos diminutos filamentos en común que unen a todas sus partes.
En Córdoba, luego de que hayan sido denunciadas por los legisladores de esa provincia oscuras negociaciones con dinero de los cordobeses en las que habría estado implicada la empresa con la connivencia del gobierno, cambiaron su denominación Kolektor S.A para llamarse “Servicios y Consultoría. S.A. y CIA. de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. – Unión Transitoria”, debido a que se unió otra empresa bajo contrato asociativo.
Uno de los primeros datos que nos llegó fue que la firma que iba a recaudar los impuestos de los chubutenses tenía el nombre de Kolektor S.A. pero resulta de los dictámenes oficiales que la empresa aparece con otro nombre: Karsten S.A.
Hermann Karsten
Mirá que chico que es el mundo, que Investigando descubrimos que Hermann Karsten es un empresario cordobés que formó parte del directorio de Kolektor en Córdoba y tuvo que renunciar en 2014 a la firma, luego de que se divulgara una cámara oculta ofreciéndole dinero, presuntamente de los fondos públicos, al periodista Tomás Méndez para que no le “pegue” al, en ese entonces, gobernador de aquella provincia, Juan Manuel de la Sota.
Hermann Karsten también estuvo involucrado en la investigación que el fiscal especial de la AMIA Alberto Nisman estaba llevando a cabo contra la ex – presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, por presuntamente utilizar un memorándum (pacto internacional) para llevar a cabo negociaciones con terroristas responsables del atentado a la AMIA en 1994. Karsten aparece en una de las escuchas telefónicas diciendo “queríamos venderle a Irán pero nunca se habló del memorandum”.
La firma que quiere contratar Arcioni para llevar a cabo relevamientos de las distintas áreas de Rentas y finalmente hacerse de la recaudación de Chubut, se llama Karsten S.A. ¿Coincidencia?
Como dice uno de los artículos periodísticos, la familia Karsten ostenta el 90% de las acciones de la empresa Kolektor, eso significa que son dueños casi de la totalidad de la sociedad. Renunciar al directorio no habría sido más que una puesta en escena de Hermann para limpiar la imagen de la empresa con respecto a todo lo que había salido a la luz y continuar manejando los negocios desde afuera.
Fuentes de información de extrema confianza nos facilitaron documentación y audios que nos permiten conocer al detalle el teatro de operaciones de Arcioni y Antonena con los hilos de Sergio Massa de fondo y Gerardo Minaard, el director general de Rentas de la provincia dirigiendo la orquesta.
Nuestros informantes aseguran que hay una persecución encarnizada puertas adentro de la Dirección General encabezada por Minaard; es por ese motivo que tienen mucho miedo de ser identificados y confiaron en Cholila Online como el único medio capaz de sacar a la luz todo este nefasto entramado; y los asiste la razón en ello, puesto a que no nos imaginamos a los medios hegemónicos arcionistas (El Chubut, Jornada, ADN Sur, Diario Web Madryn) bombardeando para el lado de donde viene al pauta.
Karsten S.A. se encargaría de llevar a cabo la administración y recaudación de los tributos de los ciudadanos y ejecutar las deudas expiradas. Pero no solo eso, también va a tener derecho a percibir un interesante porcentaje de los montos recaudados.
Karsten S.A también va a poder comprar bienes con los fondos públicos, pero según Minaard “esos bienes son para la dirección general de rentas”. De modo que según él, las dependencias en cuanto tengan la necesidad de hacerse de una computadora se encargará de esa compra Karsten S.A., pero con los fondos públicos. Básicamente, una empresa privada va a utilizar el erario público para comprarle elementos a un organismo del estado, suena tan disparatado que hasta nos hace pensar mal.
Todas las adquisiciones que realiza el gobierno son sometidas a un inventario donde se detalla en una pila de planillas las especificaciones del bien que se compra (entiéndase modelo, número de serie, color, paradero actual, etc.), de modo que en caso de que ese bien desaparezca, se cuente con el conocimiento de cuál fue el último lugar en el que se encontró, para iniciar la investigación correspondiente y así llegar al paradero. Este trabajo de clasificación generalmente lo hacen las áreas de patrimonio.
En cambio, si una empresa privada utiliza los fondos públicos para comprar bienes y dárselos al estado, se saltearían todos los controles correspondientes y habría que apelar a la honestidad de la firma para que las áreas de patrimonio del estado puedan hacer seguimiento de esos bienes. Todo cuanto podría suceder tranquilamente que la empresa no informe al estado sobre la compra de un determinado bien y el mismo sea hurtado impunemente por cualquiera de la empresa o bien cualquiera del estado, puesto a que no aparecería registrado en ningún lado el objeto y por lo tanto sería imposible el inventariado.
Los expedientes para prepararle el caminito administrativo a Karsten S.A. fueron realizados a las apuradas, “entre gallos y medianoche” según nos dicen nuestras fuentes. Tan así que en las fojas del expediente se verían a leguas obscenas irregularidades.
Uno de los dictámenes que se nos puso bajo conocimiento, fue uno redactado por la asesoría legal del Banco del Chubut bajo la conducción del director general y “abogado” Pedro Domínguez. Ese escrito fue en respuesta a un pedido de criterio por parte del ministro de economía Antonena, para saber si conviene o no llevar a cabo la contratación de Karsten S.A. A lo que Domínguez le responde que hay que darle intervención a Fiscalía de Estado, encabezada por Andrés Giacomone. Pero la verdadera “burrada” es que en el documento, Domínguez sostiene que el Banco del Chubut puede oficiar como agente financista del gobierno para llevar a cabo la contratación de Karsten S.A.
Giacomone contesta el 16 de mayo con otro dictamen dirigido a Antonena, respondiendo que a él no le corresponde intervenir en este caso, pero al final del escrito es donde está lo interesante. Allí el joven fiscal del estado hace una salvedad a modo de recomendación: “…las competencias de la Dirección General de Rentas se encuentran legalmente establecidas, no pudiendo ser delegadas las mismas en el marco de la contratación”. Además, le indica que la contratación se debe hacer por licitación pública.
Giacomone está en lo cierto, las facultades de la Dirección General de Rentas son INDELEGABLES, no se pueden transmitir a otro ente y las contrataciones se deben hacer por licitación pública compitiendo con otras empresas, no puede ir el mismo Banco del Chubut a contratar con las firmas para que presten servicios en la provincia. Es un disparate total.
Por lo tanto, tenemos a un “escribano” de Lázaro Báez llamado Mariano Arcioni; al “contador” y golfista Gerardo Minaard; al “contador” Oscar Antonena; a los supuestos “asesores” del Banco del Chubut la mayoría abogados; todos haciendo denodados esfuerzos para dictaminar algo que sería completamente ilegal desde el vamos y manifestando un desconocimiento supino de las leyes.
No sabemos a ciencia cierta como Arcioni obtuvo el título de abogado en la Universidad de Belgrano (porque para ser escribano primero tuvo que ser abogado) desconociendo nociones básicas del derecho.
Más allá de todo, hay algo mucho más grave, no sabemos cómo es posible que nada menos que el fiscal de estado Andrés Giacomone, haya declarado en su dictamen “024°” que todo lo actuado sería completamente ilegal y que los procedimientos aún así sigan su curso normal como si nada. No hay ninguna duda de que pasaron al mismo fiscal de estado como alambre caído.
Que no se crea igualmente Giacomone que por haber actuado “bien” ante este caso está fuera del foco de la crítica, pues en su rol de funcionario debería haber hecho un informe de todo y formular la correspondiente denuncia, sin embargo no lo hizo.
Ahora si usted pensaba que ya lo había leído todo, lamentamos decirle que está muy equivocado. Ahora es cuando los niveles de gravedad van en escalada hacia la estratosfera.
El director general de Rentas, contador Gerardo Minaard, ostentando su trofeo ganado en su deporte favorito: el golf.
El contador Minaard dijo en la reunión que tuvo en las oficinas de Rentas junto a sus empleados, que Karsten S.A. ya estuvo en el organismo relevando información que es absolutamente confidencial.
Por lo tanto, el mismo Minaard, director general de Rentas, que debería tener un conocimiento acabado de lo que puede y lo que no puede hacer en su dependencia, habría violado flagrantemente la ley 25.326 de protección de datos personales, y muy probablemente puede haber incurrido en la violación del artículo 157 del código penal que castiga con pena de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.
Minaard también habría violado el artículo 157 bis, inciso 2 del código penal que castiga con prisión de 1 a 2 años al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de ley.
Sin lugar a dudas, de acreditarse en la justicia los hechos descriptos con anterioridad podría causar que Minaard termine enseñándoles a jugar al golf a los internos de la U6 en Rawson por un buen tiempo, pero dudo que el procurador Jorge Miquelarena investigue a este personaje, tal vez habría que decirle que Minaard está en contra de la megaminería y quizás allí lo consideraría.
Nuestras fuentes también nos facilitaron grabaciones donde increíblemente se lo escucha a Minaard decir “corrupción hay en todos lados… en la mayoría de los actos de gobierno hay corrupción”, en respuesta a una consulta que le hacían los presentes sobre el oscuro prontuario de la firma Karsten S.A. o Kolektor S.A. en la provincia de Córdoba.
Esos dichos deberían ponerlo al director general en una posición sumamente comprometida, puesto a que básicamente estaría diciendo que tiene o ha tenido conocimiento de actos de corrupción, lo que implicaría un indicio para considerarlo un cómplice por omisión o silencio.
Amenazas y violencia verbal contra los empleados
El reino de Minaard en Rentas según nos cuentan se traduce en gritos y amenazas a sus dependientes. La directora de legales de Rentas Lorena Coria, su “mano derecha” quièn además es integrante del Grupo Jornada, no se quedaría atrás. También es denunciada por el personal por agredirlos verbalmente.
El viernes 20 de mayo, en una reunión entre el mismo Minaard, Coria y el personal de la oficina, según nos cuentan tuvo lugar una acalorada reprensión contra los empleados, donde nos cuentan que tanto Minaard como Coria al parecer competían por quién vapuleaba más al personal mediante gritos y señalamientos que rozarían la amenaza directa.
“Necesitamos que la vedad salga a la luz. Estamos defendiendo la caja de la provincia. Eso nos incluye a todos… si este negociado sigue su curso, van a robarse por lo menos 3 mil millones de pesos al año, no sabemos hasta cuándo, y ese monto va a ir aumentando por la inflación” nos dicen nuestras fuentes mediante WhatsApp.
Conclusiones
No queremos pensar mal, pero el poder ejecutivo hace decididos esfuerzos para lograr que lo hagamos. ¿Qué es lo que quiere Arcioni con todo esto? Hace poco tiempo cuando le preguntaron en una de sus giras por la localidad de Cholila, quiso dar a entender que se trataba de provisión de tecnologías para la Dirección General de Rentas, pero resulta que vendría una empresa de un par de fulanos a manejar la plata de la provincia, la de todos los contribuyentes.
¿Qué es lo que quiere que pensemos? Podríamos pensar que como está en su último año como gobernador y sabe que se le viene la noche con la justicia ni bien sea un simple mortal de nuevo, se le podría haber ocurrido llevar a cabo estas negociaciones para hacerse trillonario y escaparse de la provincia para vivir como un duque en otro país, con total impunidad.
Porque recordemos que lo que no se ve es lo que podrían estar haciendo. Podrían haber negociado con los miembros de Karsten S.A. para repetir lo que pasó en las causas judiciales ya conocidas: “embrujo” y “revelación”. Esto es, pactar que la plata del estado ingrese a la caja de la empresa y después se repartan los dividendos (los mismos fondos públicos) los dueños de la empresa junto a Arcioni y compañía, algo que podría hacerse con suma impunidad puesto a que los únicos que podrían llevar a cabo controles en ese momento sería la sindicatura de vigilancia de la misma empresa, órgano que de recibir una partecita también estaría dentro del baile.
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