Juan Carlos Cuellar es un albañil de Comodoro Rivadavia que en 2016 junto a su mujer Guillermina fueron acusados de supuestamente regentear un prostíbulo en la calle Francia 510 de la ciudad petrolera.
La Policía les hizo un allanamiento en su domicilio y les secuestraron una gran cantidad de objetos de valor, entre los que se encontraban joyas de la familia y las herramientas que utilizaba Juan Carlos para desempeñar su oficio.
Cuando se incautan elementos en un allanamiento tienen que estar perfectamente inventariados por los efectivos actuantes, es decir cada objeto que se lleva la Policía tiene que estar individualizado detalladamente, nada de eso ocurrió en este procedimiento policial, más bien todo lo contrario, los objetos secuestrados estaban identificados de manera genérica, por lo que insólitamente no se determinó en ese acta la cantidad de pertenencias que fueron incautadas.
¿Los fiscales hicieron la vista gorda? nunca controlaron estas irregularidades, algo que es irrisorio, porque deben estar al tanto de todas las fases que transcurren en un procedimiento de esta índole. Justamente deben “fiscalizar” los objetos que se secuestran en un allanamiento, además de que deben procurar que se respete la cadena de custodia de aquellos. De lo contrario, se estaría dando vía libre para que los policías se roben todas las pertenencias de un detenido.
Por supuesto que más tarde se comprobó que la pareja no tenía absolutamente nada que ver con aquello que se le imputaba, por lo que el juez que entendió en la causa decidió liberarlos de culpa y cargo por falta de pruebas.
El problema surgiría cuando Juan Carlos y Guillermina le exigieron a la fiscalía que les devolvieran todos los elementos que habían sido incautados en la vivienda, a lo que los funcionarios de Jorge Miquelarena respondieron entregándoles menos de la mitad de las cosas, en donde faltaban casi todas las herramientas de Cuellar, es decir, lo más importante para el albañil.
Juan Carlos firmó el retiro de los elementos en disconformidad a raíz de los faltantes; no obstante, se fue con una parte de los bártulos para poder trabajar.
Pero el infierno no terminó allí, como no pudieron meterlos presos por el delito de trata de personas, quizás con la finalidad de “mantenerlos a raya” para que no denuncien irregularidades, los funcionarios de Miquelarena se obsesionaron con perseguirlos y terminaron denunciando que estaban usurpando la vivienda en la que residían.
Como Juan Carlos y Guillermina no estaban al tanto de ese nuevo expediente judicial que había armado fiscalía en su contra, un día llegó la policía a desalojarlos, y fue allí como Guillermina, con un embarazo de siete meses quedó en la calle.
El daño psicológico que provocó todo esto en la pareja fue tremendo como así también el lucro cesante en virtud de las herramientas que Juan Carlos no volvió a tener, algo que obviamente significó una gran cantidad de trabajos perdidos; es por eso que contrataron a la Dra. Angela Sifuentes como su abogada para iniciar un juicio contra el estado con la finalidad de obtener una millonaria indemnización por todos los daños sufridos.
Sifuentes comenta que antes de ir por el juicio primero hay que hacer el reclamo administrativo contra la Policía y luego recién estaría habilitada para entablar la demanda en la justicia contra el gobierno de la provincia.
La demanda sería inicialmente por una suma de 70 millones de pesos, monto que obviamente se verá incrementado si llegan a triunfar en el litigio, en razón de los intereses que deben computarse por el paso del tiempo hasta el día de la sentencia final.