En un parte de prensa, el Consejo de la Magistratura advirtió que aún no termina de resolverse quiénes serán los conjueces que intervendrán en la apelación por el archivo del jury al fiscal Fernando Rivarola. “El derrotero que viene sufriendo la medida autosatisfactiva interpuesta en la que hubo excusaciones de prácticamente todos los ministros del Superior Tribunal que tomaron parte en algún momento, por lo que se está recurriendo a un listado de conjueces serán los que deberán intervenir en la resolución de dos recursos que están a la espera”.
Agregó como “motivo grave, que el Tribunal de Enjuiciamiento conserva todas las actuaciones en su poder y no permite que nadie acceda al expediente, en una situación por demás arbitraria e inédita”.
“Las demoras en las definiciones sólo generan preocupación, ante la posibilidad de que dos causas tan fuertes que pesan sobre la figura de un fiscal de Chubut queden sin resolverse, manteniendo un estado de sospecha permanente que podría quedar totalmente aclarado en un debate, que deberá ser ante un tribunal totalmente nuevo”.
En este escenario, el cuerpo advirtió sobre “un inminente conflicto de poderes por la decisión que impide el jury a un fiscal acusado por violencia de género y por negligencia en un caso de abuso sexual infantil”.
Es Fernando Rivarola, acusado por su colega Florencia Gómez de maltrato laboral y por una ONG de omitir actuaciones procesales acordes ante un caso de gravedad que involucra a un médico forense investigado por haber recibido Material de Abuso Sexual Infantil.
Cabe recordar que el Tribunal que debía enjuiciarlo “se extralimitó” al archivar el caso elevado por el Consejo y ahora hay una apelación en curso.
“En un caso de extrema gravedad institucional por el alto interés público que conlleva, las acusaciones contra un fiscal de Chubut pueden quedar sin aclararse debido a la actitud del Tribunal, que -extralimitándose en sus atribuciones- decidió archivar la acusación por entender de manera arbitraria que éste no llevó adelante el proceso de manera correcta”, dice el comunicado.
“La situación podría incluir un conflicto de poderes ya que uno se arroga facultades de juzgamiento de las competencias y decisiones del otro, ambos no judiciales”.
Las denuncias fueron investigadas por el Consejo elevadas para un jury de enjuiciamiento, pero el tribunal mixto presidido por el ministro de la Sala Penal, Daniel Báez, e integrado por las diputadas Mariela Williams y Mónica Saso, así como por los abogados Florencia Góngora y Miguel Barletta, decidió archivar las actuaciones.
“Al tomar esta decisión, el tribunal se extralimitó, ya que sus únicas funciones son absolver o destituir a un funcionario judicial, y no “opinar” sobre el modo en que se llevó adelante la investigación”.
Según el Consejo, “el Tribunal dejó en evidencia que actuó de manera arbitraria, ya que no aplicó el mismo criterio en dos casos idénticos y paralelos, como son el jury contra el fiscal Fernando Rivarola y el jury contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez”.
Mientras en el primer caso opinó que los plazos estaban vencidos, en la denuncia contra Suárez que también elevó el Consejo evitó manifestarse sobre la cuestión y respondió -al mismo abogado defensor en ambas causas- que no le correspondía expedirse por no tener facultades, apuntó el comunicado.
