Los jueces debaten quién abonará la multa en el caso “Embrujo”. ¿Pueden los bienes incautados utilizarse como pago?
En una audiencia celebrada en la oficina judicial de Rawson, los Jueces Gustavo Castro y Marcelo Nieto De Biasse, acompañados virtualmente por Patricia Reyes desde Puerto Madryn, escucharon los argumentos de las partes en una compleja situación relacionada con la pena económica impuesta a Diego Correa, condenado en el caso conocido como “Embrujo”.
La audiencia fue solicitada por el defensor Fabián Gabalachis, quien explicó que esta situación surge en el contexto de la ejecución penal a cargo de la doctora Karina Breckle, que tuvo numerosas intervenciones, incluyendo la aprobación de salidas transitorias y libertad condicional. Sin embargo, quedó pendiente la parte de la pena que corresponde a una multa de 27.234.000 pesos, la cual Correa intentó pagar con bienes. La jueza consideró esta oferta como razonable, pero fue impugnada por la parte contraria.
En el proceso anterior, los jueces encontraron a Correa culpable y le impusieron una pena de prisión y multa, decisión que fue confirmada por instancias superiores. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general Omar Rodríguez, incautó varios bienes pertenecientes a Correa, incluyendo propiedades, vehículos y sumas de dinero. A pesar de que algunos de estos bienes estaban a nombre de una sociedad llamada “Dual Core,” la Fiscalía argumentó que en realidad eran propiedad de Correa, y el Tribunal lo aceptó.
En la audiencia actual, la defensa solicita la revocación de la sentencia y la aceptación de los bienes incautados como pago de la multa. Sin embargo, el fiscal Rodríguez plantea la complejidad de la situación al argumentar que la multa, que supera los 27 millones de pesos, tiene un propósito de pena. Además, los bienes ofrecidos por Correa estaban a nombre de la sociedad “Dual Core,” que se utilizó para ocultar la propiedad del condenado. Esta discrepancia plantea la cuestión de quién es el propietario real de los bienes.
La decisión de los jueces determinará si se confirma la sentencia de la jueza de ejecución que permite el uso de los bienes como pago de la multa o si se concede la solicitud de la defensa.