Sigue sin haber paz social en la actividad pesquera de Puerto Rawson, donde en plena actividad de zafra del langostino, cuando deberían estar extrayéndose unos 80 mil cajones equivalentes a mil toneladas por día, todos los barcos están parados por decisión de las cámaras empresarias, a la espera de que se aclare el panorama salarial con los gremios.
El último día que los barcos salieron al mar fue el pasado viernes, por lo que ante la paralización que ya lleva los días sábado, domingo y lunes, ya se perdieron millones de dólares a causa de un conflicto que viene escalando desde diciembre aún sin solución, a pesar de que se había firmado un acuerdo de “paz social” que quedó en la nada.
La decisión la tomaron los propietarios de los permisos de común acuerdo del sector patronal, ante una serie de medidas tomadas por trabajadores del STIA en las plantas de procesamiento, que se sumó a la situación con el SUPA que nuclea a los estibadores -que están en conciliación obligatoria-, y un nuevo pedido de paritarias del SOMU que reúne a los marineros.
Como se recordará, el conflicto estalló con serias consecuencias ambientales el último 29 de diciembre, cuando los estibadores nucleados en el SUPA realizaron un paro sorpresivo y provocaron que se echaran a perder las capturas de langostino de 60 barcos, un desastre ambiental por el que la provincia inició una demanda penal.
Desde aquella fecha existe una conciliación obligatoria con ese sector laboral, aún sin acuerdo, y si bien hubo una prórroga que vence este martes 30, están muy lejos las partes de arribar a una negociación exitosa.
En el mismo sentido, los trabajadores de plantas pesqueras, sin hacer paro, comenzaron con medidas de fuerza consistentes en procesar “a desgano” la mitad de la materia prima, lo que atrasó el procesamiento y provocó pérdidas de un 40 % de las últimas capturas.
Y a esto se suma que los embarcados, enrolados en el SOMU, también reclaman la apertura de negociaciones paritarias en medio de la temporada.
Se trata de la tormenta perfecta, ante un escenario económico de inflación en el que los trabajadores reclaman renegociar sus ingresos a causa del impacto del aumento del costo de vida, y los empresarios sostienen que no se está vendiendo el pescado en los mercados externos y no existe margen de ganancia para afrontar una suba salarial.
En medio de este conflicto, el gobierno busca acercar a las partes, hasta ahora sin éxito, mientras inició una denuncia penal cuestionando el accionar de los estibadores y las consecuencias ambientales de la medida de fines de diciembre.
La advertencia de los empresarios es que si no hay un acuerdo general sostenible, directamente quedará paralizada la actividad a mitad de temporada, con serias consecuencias económicas para 9 mil familias que viven de la zafra de manera directa e indirecta, y un enorme perjuicio económico para la provincia.