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El conflicto israelí-palestino sigue su escalada con nuevos lanzamientos de misiles desde Gaza y bombardeos israelíes, mientras la diplomacia internacional fracasó una vez más en su intento de avanzar en un acuerdo de cese el fuego.

En tanto, los palestinos de Cisjordania mantuvieron este martes una huelga general durante una “Jornada de Ira” contra Israel y en solidaridad con la Franja de Gaza. Hubo serios enfrentamientos con el ejército israelí que se saldó con dos palestinos muertos y dos soldados israelíes heridos en puestos de separación.

En Jerusalén Este, el sector árabe bajo control israelí, se registraron disturbios entre manifestantes palestinos y soldados israelíes. La comunidad árabe-israelí, que representa el 20% de la población de Israel, adhirió a la protesta y salió en forma masiva a manifestarse a favor de la causa palestina en varios puntos del país.

Nuevos misiles y bombardeos

Los lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia Israel prosiguieron este martes, al igual que los bombardeos israelíes que destruyeron varios edificios en ese enclave palestino, informó AFP.

”No hay electricidad ni agua, no hay tejado, los cristales y las puertas están rotos”, dijo Kamal Harzallah, cuya casa quedó destruida en un bombardeo israelí.

Los enfrentamientos obligaron a cerrar un punto de paso hacia Gaza destinado a la entrega de la primera ayuda humanitaria a ese enclave palestino desde el comienzo del conflicto.

El paso de Kerem Shalom estuvo abierto unas horas y fue cerrado por Israel a causa del lanzamiento de proyectiles desde la Franja.

Disturbios en Jerusalén Este

En Jerusalén Este se produjeron fuertes enfrentamientos en la Puerta de Damasco entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, que utilizaron cañones de agua y detuvieron a varios manifestantes, reportó AFP.

La protesta palestina se enmarcó en la “Jornada de Ira” convocada por Cisjordania y que fue seguida en forma masiva en comunidades árabes de Israel y territorios ocupados.

Pero la movilización en Jerusalén Este duró cinco minutos. La Policía israelí advirtió por megafonía que la protesta estaba prohibida y reprimió con bombas de sonido, agentes a caballo y cañones de agua.

Un portavoz policial dijo que las fuerzas israelíes respondieron al lanzamiento de piedras y botellas.

Fuente: TN

El canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, sostuvo un encuentro este lunes con el papa Francisco sobre el conflicto de Palestina e Israel, y otros temas de interés internacional, en el marco de su gira por países europeos.

Zarif calificó el encuentro con el sumo pontífice de “maravilloso”, precisando sobre reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, arzobispo Paul Richard Gallagher, que calificó de “buenos encuentros”.

El canciller detalló que su encuentro con el papa giró en torno a los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza y de los impactos humanitarios que dejan las ilegales sanciones de tipo económico, financiero y comercial que Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión (UE) le imponen al país, así como temas de acuerdos bilaterales.

Esta visita al Vaticano se enmarca en un itinerario del canciller iraní que ya ha incluido también a España e Italia, donde sostuvo encuentros con su contraparte española Arancha González y reiteró el tema palestino.

También a su paso por Italia, el ministro iraní se reunió con su homólogo, Luigi Di Maio, confirmó el Ministerio italiano de Exteriores, para dialogar sobre el tema palestino de modo prioritario.

Antes, en su encuentro en Siria con el presidente del país persa, Bashar Al-Assad, trató igualmente el tema de las agresiones israelíes a Gaza en primer orden de agenda.

En cambio, el paso del titular de exteriores iraní por Austria fue cancelado, tras conocer que en ejercicios gubernamentales ondearían banderas israelíes, pese a que los israelitas cometen una masacre contra el pueblo palestino.

Al respecto, Zariff afirmó desde Twitter: «Es impactante ver en oficinas gubernamentales austriacas la bandera del ocupante que mató con brutalidad a decenas de civiles, incluidos niños y mujeres».

El conflicto israelo palestino resultado de una escalada de tensiones en las últimas dos semanas ha dejado un saldo de al menos 200 palestinos y diez personas en Israel, con la denuncia y llamados de paz de la Organización de Naciones Unidas, y la propuesta de mediación de China.

Fuente: Telesur

La minería y su rechazo social han vuelto a ser en Chubut el epicentro del conflicto social durante los últimos meses, con una escalada traducida en violencia que impacta y se refleja de múltiples aristas. El intento de imposición de un proyecto productivo repudiado por amplios sectores sociales genera violencia, pero a su vez quienes lo rechazan no encuentran otro camino que el de la violencia, en diferentes magnitudes, para frenarla. Es así como la provincia se monta en un aumento de la violencia institucional/social que la pone al borde de la ruptura del entramado social imperante en el sistema democrático. El poder juega con fuego y fuerza hasta el límite, mientras que la reacción corre cada vez más los límites de sus propias acciones. Una chispa puede encender un incendio que nadie sabe si se podrá apagar. Aceptarlo y resolverlo es un desafío que demanda determinación política y búsqueda de soluciones.

El bloqueo de la Iniciativa Popular 2020 en la Legislatura, impulsada por más de 30 mil firmas, desencadenó en un nuevo hecho de violencia política e institucional que recalentó los ánimos en la provincia de Chubut.

El movimiento antiminero y ambientalista respondió con sus fuerzas, quizás disminuidas, a la ajustada votación legislativa donde todo pareció estar pensadamente armado para que terminara en la forma en la que concluyó. La respuesta antiminera se tradujo en cortes de ruta y ocupaciones de municipalidades donde la violencia sobrevoló de manera constante las horas en que se desarrollaron.

La nueva respuesta institucional del Estado provincial, detentando el poder de la fuerza, fue otro hecho violento a través de un desalojo de la ruta que -aunque no hubiera empujones, garrotazos, balas de goma o gases lacrimógenos- también termina constituyendo un acto violento.

La violencia atravesó ambos procesos, más allá de que en los últimos tiempos parecería ser que darle la espalda al pueblo con una decisión política no es un acto violento.

No hay reclamo pacífico que consiga encaminar de manera duradera una determinación popular que es rechazada o ninguneada por el poder político de turno, en cualquiera de sus vertientes oficialistas u opositoras.

Para entender de manera más amplia y conceptual el tema de la violencia social vale leer con detenimiento el material «Sociología y violencia» del investigador colombiano Alvaro Guzmán B. El texto completo acompaña a este artículo.

Los partidos políticos buscan llegar al poder a través de sus plataformas, cada más escasas o inconsistentes, o sus promesas de campaña; pero luego las incumplen cuando detentan el manejo del Estado y eso también es un acto de violencia que se suma a la multiplicidad de violencias existentes en la realidad chubutense.

Los sectores sociales que se oponen a la minería reclaman de manera casi constante para que ese extractivismo no se instale en la provincia, habiendo logrado la realización de un plebiscito en el que ganaron hace casa 20 años con el 83% y luego consiguieron que ese triunfo se convirtiera en una ley (la ex 5001) que prohibió la megaminería en Chubut.

Ambos contrincantes se vienen enfrentando desde hace más de 30 años en la provincia, donde los embates extractivistas y promineros se remontan a principios de los años ´90 cuando se quiso instalar el repositorio nuclear en Gastre.

A esas avanzadas los movimientos sociales le fueron respondiendo con movilizaciones y proyectos de ley que fueron cajoneados o derrumbados como acaba de suceder con la segunda IP.

Así Chubut ingresó en una escalada de la violencia, tanto la institucional como la popular; aunque la lucha es desigual, ya que el gobierno detenta el poder, y a su vez tiene el manejo de la fuerza pública. El ambientalismo, en algunas ocasiones, ha optado por endurecer sus acciones y avanzó con cortes de ruta, tomas de edificios públicos o escraches en las casas de legisladores o gobernantes nacionales de visita en la región cordillerana.

Mientras la clase política dirigente mayoritaria siga rompiendo contratos sociales e impulsando el avance de la minería en una provincia antiminera, que se proclamó como emblema del ambientalismo nacional e internacional, la violencia parece ser una de las pocas alternativas en la realidad chubutense.

Cuando se produce un escrache o un corte de ruta, la «política» y el establishment se unifican detrás del repudio y el pedido de «pacificación» del reclamo; ahora cuando se violenta una promesa de campaña, se pasa por encima de 30 mil firmas o se reprime una protesta la respuesta no es la misma ni tienen la misma unidad o contundencia.

Esa acumulación de hechos violentos que se vienen produciendo en Chubut elevan el nivel de conflictividad y los constantes embates promineros tensan una cuerda que en algún momento se rompe y genera respuestas violentas.

La violencia de los arriba parece estar justificada si se trata de una ruptura del contrato político o de la imposición de una actividad extractivista ampliamente rechazada por sectores sociales de diversos orígenes.

Ahora cuando esos sectores violentados se violentan a ellos les cae el peso del Estado con su manejo de la fuerza o el poder de las leyes imperantes que maneja casi discrecionalmente la Justicia.

La vara con la que se mide la violencia en la actualidad no es la misma a uno y a otro lado del conflicto, pero tampoco lo es la aplicación de los castigos ya que no hay un solo político enjuiciado por haber violentado sus promesas de campaña y menos aún por el uso desproporcionado de la violencia contra los violentados.

En tanto que los que se violentan son apuntados con el dedo inquisidor del poder, muchas veces reprimidos y en ocasiones enjuiciados de la manera ejemplificadora para que el accionar violento no se transforme en un mecanismo de respuesta ante las injusticias.

Si bien los violentados cargan sobre sus espaldas la incapacidad de encontrar respuestas que vayan más allá de la propia negativa al avance de la minería, no pudiendo o no queriendo -de manera consciente o inconsciente- generar alternativas productivas y hasta inclusive políticas. El proceso que protagonizan ingresa en un espiral de recalentamiento donde la violencia se presupone cada vez más como una alternativa de respuesta.

De lo contrario, estos sectores podrían encaminarse hacia aceptar la derrota ideológica sobre el rechazo a la minería y encolumnarse dentro de los marcos que el propio sistema democrático les ofrece, en el que a veces terminan confiando como cuando juntan miles de firmas y esperan que los diputados de los partidos tradicionales que denuncian sistemáticamente las conviertan en una ley antiminera.

En ese marco, deberían esperar dos o cuatro años para volver a poner en juego en las urnas sus aspiraciones ambientalistas en un sistema político que ya ha dado sobradas muestras de no estar a la altura de las demandas que el ambientalismo antiminero reclama y necesita.

Estos movimientos sociales también están entrampados producto de sus limitaciones, ya que impulsan el rechazo a la minería pero no ofrecen claramente propuestas con las que contraponerse a la minería; más aún para con aquellos sectores empobrecidos u olvidados de la Meseta chubutense donde conseguir un trabajo no es una opción y a veces ni siquiera se presenta como una aspiración a concretar.

Si bien no es una obligación de los movimientos antimineros dar respuestas a los profundos problemas sociales, productivos y económicos de la provincia, no menos cierto es que no se puede estar 100 años luchando por el «no pasarán» que impulsan; y si así sucediera tampoco se alcanzaría un triunfo de magnitud que apunte a resolver el fondo de la cuestión.

Puede suceder que el poder político y el lobby empresarial prominero logren quebrar esa resistencia y entonces quedará inconclusa la tarea de encaminar soluciones de fondo a una provincia que viene transitando entre crisis cíclicas y constantes, además del costo socioambiental que dejará la minería en plena producción.

Justificada o no, cada vez más la violencia se va transformado en el acto casi cotidiano para dirimir este tipo de conflictos, más allá de las desigualdades con que cuentan y la expresan cada una de las partes; asomándose a un abismo que podría contener la chispa que inicie un incendio social y político de proporciones, para el que nadie tiene una receta con la cual controlarlo. El incendio, tal y como están las cosas en la actualidad, no sería el problema; sino cómo encaminar soluciones y salidas al mismo.

Fuente: El Extremo Sur

Una selección de noticias para entender las protestas antigubernamentales avivadas por una fallida reforma tributaria, que dejan un balance de 24 muertos y más de 800 heridos en ciudades como Cali y Bogotá.

Desde el 28 de abril, en las calles de Colombia se han sucedido las manifestaciones detonadas por la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Ante la presión de las protestas, el Gobierno ha decidido retirar la propuesta y llamar al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana, en un intento por lograr una reforma consensuada. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento más amplio frente al Ejecutivo de Duque.

Con su propuesta tributaria, el Gobierno se proponía recaudar el equivalente al 2% del PIB en una serie de nuevos impuestos para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificación crediticia. Duque siempre intentó subrayar los componentes sociales de la reforma, que contemplan también una renta básica . Su iniciativa fue defendida por analistas económicos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero resultó inoportuna. En especial en un año previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022. En una encuesta, el 82% de los consultados respondieron que no votarían por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos.

Aunque la reforma fue el detonante de las protestas, como telón de fondo hay un enorme descontento social que aumentó en la pandemia. Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerró el año en 15,9% y la pobreza monetaria escaló hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Estas son las últimas noticias clave para entender qué pasa en Colombia:

Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia. Para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno colombiano propuso la tercera reforma tributaria desde que Duque asumió la presidencia en 2018 y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región. La llamada Ley de Solidaridad Sostenible aumentaba la canasta de bienes gravados con el IVA del 39% al 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentaba de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, incluyendo a las personas que ganasen desde 2,5 millones pesos colombianos (unos 700 dólares) al mes.

La reforma tributaria reactiva las movilizaciones en Colombia en el pico de la pandemia.El 28 de abril, en plena tercera ola de la pandemia, las protestas sociales contra la reforma tributaria estallaron en Colombia. El llamado “paro nacional” que había puesto contra las cuerdas al Gobierno a finales de 2019 se reactivó con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios.

El presidente de Colombia saca a los militares a la calle para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones en diversas ciudades colombianas ha escalado y las protestas han tenido más seguimiento del esperado. El sábado, 1 de mayo, se produjeron incidentes entre policías y manifestantes en las principales ciudades del país. En Cali, se registraron al menos diez homicidios, de acuerdo con la policía. Duque entonces decidió sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control, pero esa decisión acentuó las tensiones.

Duque cede a las protestas y retira la reforma tributaria de Colombia. El domingo, 2 de mayo, Iván Duque decide dar marcha atrás en su propuesta de reforma tributaria. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo el presidente. Un día después, dimitió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien había elaborado la polémica reforma.

La violencia policial se descontrola en Colombia. El martes, 4 de mayo, Colombia vivió otra jornada de violencia que alertó a los organismos internacionales. La UE y la ONU condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza en las manifestaciones. Una de las imágenes más impactantes fue la de carros blindados y helicópteros dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de armas en Cali. En ese momento, distintas organizaciones indicaron que al menos había 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos en el país.

El acoso policial a las mujeres que protestan en Colombia: “Si así son las marchantes, qué rico echarles gases”. Hasta el 4 de mayo, según la ONG Temblores, que documenta el abuso de autoridad, se habían producido una decena de casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública durante las protestas en Colombia. La mayoría de hechos de abuso policial contra las mujeres ha ocurrido de noche y cerca de estaciones de la policía.

La represión de las protestas sella el divorcio de Duque con los jóvenes. Después de una semana de protestas el balance es de 24 muertos, según informó la Defensoría del Pueblo, casi todos jóvenes. Son ellos quienes están en la primera línea de las marchas antigubernamentales que en algunos casos han acabado en violentos enfrentamientos con la fuerza pública. En una reciente encuesta de la consultora Cifras y Conceptos, el 74% de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario.

El pasado martes 4 de mayo comenzó a rodar en medios de comunicación de Colombia la versión que la Conmebol; Confederación Sudamericana de Fútbol; estaba preparando un plan B en caso de no poder realizar la mitad de la Copa América en Colombia.

El evento que comparten Colombia y Argentina había sido programado para el 2019 con el fin de ajustar el calendario suramericano con el europeo. Por motivo de pandemia la Copa fue aplazada para este año.

Según la información de radio difundida por el periodista Javier Hernández, la sede prevista para compartir el evento con Argentina es Paraguay, sede de la confederación y con estadios siempre

Pero en horas de la mañana de este miércoles 5 de mayo, el presidente de Colombia Iván Duque Márquez concedió una entrevista a Blu Radio para hablar de la Copa América, dejando de lado el tema de orden público, que hoy por hoy es la situación más compleja enfrentada por Colombia en los últimos dos siglos.

“Nosotros empezamos un trabajo desde hace más de 2 años con el expresidente Mauricio Macri, porque la Copa se iba a hacer el año pasado compartida con Argentina”, dijo el presidente colombiano al comienzo del diálogo con Blu Radio, cadena en la cual el director de noticias es su cuñado el periodista Néstor Morales.

“En este año 2021 hemos dicho que estamos firmes. Entonces vinieron controversias, pero empiezo por la lógica: se va a jugar la Eurocopa exactamente en el mismo tiempo que se va a jugar la Copa América y tienen protocolos, burbujas, vacunas y lo que se requiere. Sería absurdo que no se hiciera una Copa si se está haciendo una Eurocopa y, sobre todo, cuando las cifras epidemiológicas en varios países son similares o inclusive en algunos lugares peores que las que se han visto en países de Latinoamérica”.

Para el presidente colombiano el tema orden público; respecto a la realización de la copa; no cuenta, a pesar de los graves disturbios que son pan diario en las principales ciudades del país.

Para el mandatario lo que importa es el tema pandemia y los índices que se pueden manejar para las fechas en las que se debe realizar el evento en Colombia.

“Se han venido jugando los torneos rentados, ya hay una experiencia en protocolos. Estaba por definirse si lo hacíamos con Argentina o no. Qué mensaje más bonito que pudiéramos avanzar con esa Copa hecha por los dos, lo que me ha transmitido el ministro de deportes Ernesto Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países” expresó Duque al final de la entrevista.

A poco más de un mes del pitazo inicial del evento Colombia está en crisis, hay desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible en varias ciudades. A pesar de haber producción permanente las vías de acceso a centros de consumo continúan bloqueadas.

Los partidos del campeonato colombiano han comenzado a ser suspendidos aunque la participación de equipos cafeteros en eventos internacionales sigue sin novedad.

La Copa América, que organizó Colombia en una oportunidad (2001) demanda un operativo logístico y de seguridad de gran nivel, el que ahora está ocupado atendiendo desmanes y otras situaciones en la mayoría de ciudades colombianas.

Fuente: Telesur

El conflicto con trabajadores de la salud de Neuquén se agrava en las últimas horas, luego del anuncio realizado por la multisectorial de convocar a cortes en los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti, en el marco de la protesta que generó desabastecimiento de combustibles y paralizó el yacimiento de Vaca Muerta.

Los autoconvocados anunciaron para este miércoles el corte de los puentes entre Cipolletti y Neuquén, aunque todavía no está definida la modalidad en que se llevarán a cabo las movilizaciones.

Por su parte, organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos integrantes de la multisectorial resolvieron, en un encuentro en el hospital Heller, apoyar la medida de fuerza que vienen llevando a cabo.

Tabién resolvieron comenzar a delinear la posibilidad de llevar adelante un paro y realizar este jueves una nueva marcha de las antorchas a las 19:00 en todo el territorio neuquino.

Marco Campos, uno de los referente de los autoconvocados, explicó que los cortes de este miércoles «empezarán muy temprano» y agregó que «lo que se definió es que se van a reforzar los cortes en la región y el jueves habrá una marcha de antorchas».

Sobre el bono otorgado por el Gobierno provincial, el dirigente sostuvo que fue «unilateral, un decreto que los

trabajadores no podemos aceptar o rechazar», y señaló que nunca estuvo en la mesa de negociaciones iniciada con el Ministerio Público Fiscal.

«Es extorsivo decir que lo vamos a cobrar si nos bajamos de la ruta. No tenemos ni voz ni voto, es un decreto del gobernador, no tiene que ver con si lo aceptamos o no. Lo anunciaron y nunca lo largaron sin hablarlo con nosotros. Nunca apareció ni lo cobramos», puntualizó.

Los cortes realizados por los trabajadores se encuentran en Añelo (Vaca Muerta), Rincón, Chañar, la Angostura, Picún, Chos Malal, Zapala, Huincul, Senillosa y Junín.

Los manifestantes aseguraron que sólo levantarán las protestas si el Gobierno acepta incorporar al básico los aumentos prometidos.

Fuente: Mil Patagonias

Esta tarde, el intendente Juan Pablo Luque mantuvo una reunión por zoom junto al ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, el responsable del Ente Regulador de Servicios Públicos, Gustavo Monasterolo y el diputado Nacional, Santiago Nicolás Igon a fin de trabajar mancomunadamente para la solución a corto plazo del problema energético.

En este contexto, el intendente hizo hincapié en la necesidad e importancia de llevar a cabo gestiones conjuntas y de cara al gobierno nacional para avanzar en el proyecto de la línea 500/132 KV, la cual se encuentra incluida en el presupuesto Nacional 2021 y la crisis energética que sufre la provincia de Chubut, especialmente la Cordillera.

Cabe recordar que actualmente se encuentra en riesgo de salida del servicio de la central térmica de Energía del Sur S.A, la cual es vital para el suministro eléctrico de la región de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y el acueducto de agua potable.

En este sentido, señaló que “es preocupante que estén en riesgo 54 puestos de trabajo y por este motivo, el Estado local como el provincial y nacional debemos intervenir porque es nuestra obligación y asumimos el compromiso de avanzar en la búsqueda inmediata de respuestas acordes a los acontecimientos y llevar tranquilidad a los trabajadores”.

Asimismo –continuó- “nuestro objetivo es mantener el diálogo permanente con el Gobierno Nacional y así continuar con este plan de obras que mejorará la calidad de vida de todos los ciudadanos, la seguridad y el abastecimiento de este recurso que es primordial para la ciudad”.

“Entendemos que los servicios vinculados principalmente al desarrollo de la industria petrolera, petroquímica, pesquera y frigorífica en particular y portuaria en general deben contar con un buen servicio para el desarrollo de nuestra región”, puntualizó.

Por último, expuso que “con un buen abastecimiento energético estamos proyectando el normal funcionamiento del bombeo de agua potable de las Ciudades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia. Además, debemos aprovechar la abundancia de vientos en la región que ayudará a la diversificación de la matriz energética de la zona”.

El conflicto docente en Chubut con los docentes llegó a oídos del presidente Alberto Fernández, esta vez a través de CTERA. Lo informó el secretario adjunto Roberto Baradel sobre el encuentro que mantuvieron con el presidente Fernández. “Le llevamos la preocupación –porque- hace 3 años que están en conflicto”, apuntó.

«No se puede seguir así», expuso Roberto Baradel al referirse al conflicto de los docente de Chubut que lleva tres años de lucha salarial y hoy sumó un nuevo capítulo de reunión sin respuesta.

En diálogo con El Destape FM 107.3 de Capital Federal, el Secretario Adjunto de CTERA (que nuclea a ATECh), Roberto Baradel, dio detalles del encuentro mantenido con el presidente Alberto Fernández, afirmó que se expuso sobre el conflicto de nuestra Provincia.

“Le llevamos al Presidente la preocupación por Chubut”, sostuvo el dirigente docente, recordando que “hace 3 años que están en conflicto (los trabajadores de la educación) por la falta de pago de salario en tiempo y forma, y no les han pagado el aguinaldo”.

 

Venezuela acusó este domingo a su vecino Guyana de intentar «fabricar un conflicto» regional por su presunta «manipulación de los hechos» luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro interceptara, hace una semana, dos embarcaciones pesqueras en aguas que ambos países reclaman como suyas.

«Venezuela rechaza enfática y enérgicamente las palabras desafortunadas del presidente de la República Cooperativa de Guyana (…) con las que procura fabricar un conflicto en la región», dijo la Cancillería venezolana a través de un comunicado.

En la mañana de ayer y luego de concentrarse fuera del Hospital Regional, docentes nucleados por la Regional Sur de Atech y personal de salud, se manifestaron por las calles céntricas exigiendo soluciones al conicto salarial y además expresaron su rechazo a la minería.

Daniel Murphy, referente de la Regional Sur de Atech, en diálogo con Crónica aseguró que “en esta ocasión los docentes nos manifestamos con compañeros de salud y de distintos gremios, todos preocupados por el avance de una política que no solo no soluciona los problemas nuestros, sino que sigue mintiendo con que los salarios se van poniendo al día y la deuda sigue siendo muy grande”
Además, sostuvo que “si hablamos en términos personales, se les adeuda entre un salario y medio y dos salarios y medio al conjunto de los trabajadores estatales. En un monto general son 15 mil millones de pesos, si a eso sumamos la deuda que tiene el Estado provincial para con la obra social y la caja de jubilación, estamos hablando de que se nos adeudan 80 millones de pesos. De esa deuda el gobierno no habla y solo lo hace de la deuda internacional o con los bonistas”.

Sin soluciones

En la misma línea, el referente puntualizó que “no sabemos si la situación se torna cada vez más complicada, sino que no hay soluciones a la vista. La pandemia nos ha hecho mucho daño y ni siquiera para eso se han priorizado gastos importantes, fundamentales que hacen a la vida. Ahora están con la ofensiva de que la minería nos va a dar soluciones y nosotros sabemos que eso es mentira. Lo podemos ver en Santa Cruz, Catamarca y San Juan, donde la minería no ha resuelto los problemas de la comunidad.

Por último, Murphy explicó que “la minería no es una solución y hoy (por ayer) hay centenares de compañeros movilizando en la Legislatura, como en distintos puntos de la provincia, contra un proyecto que no trae soluciones, sino más problemas”, finalizó.