Este último jueves, en una decisión que levantó polémica, los senadores aprobaron un considerable aumento en sus salarios, que en algunos casos ascienden a un sueldo bruto de $7,2 millones. Este incremento es solo una parte del amplio presupuesto que el Congreso Nacional destina al funcionamiento de la Cámara Alta.
La cámara también sostiene una gran cantidad de asesores, cuyos costos agregan cifras multimillonarias al gasto público. Según registros oficiales, los 72 senadores emplean a 1132 asesores, lo que representa, como mínimo, $840 millones mensuales en salarios. Esta cifra es probablemente mayor y difícil de precisar exactamente.
En los despachos de los senadores, los asesores se clasifican en dos tipos: planta transitoria y planta permanente. Los senadores disponen de un presupuesto mensual de $11.676.000 para asesores de planta transitoria, equivalente a 7000 módulos de $1668 cada uno. Esto les permite, dentro de este presupuesto, contratar el número de asesores que consideren necesario sin un límite establecido, permitiendo salarios individuales que pueden superar el millón de pesos.
Cuando se multiplica el presupuesto individual por los 72 senadores, el total destinado a los salarios de estos asesores transitorios alcanza los $840.672.000 mensuales.
Por otro lado, los asesores de planta permanente son aquellos cuyo salario corre directamente a cargo del Senado de la Nación y no del presupuesto de cada senador. Estos asesores pueden ser rechazados o aceptados por los senadores y no es obligatorio que permanezcan en el despacho. Un senador, que prefirió mantener el anonimato, comentó: “Yo tengo en mi despacho asesores que fueron designados hace más de 20 años por colegas anteriores. Esa persona después pasó a planta permanente y aquí sigue, eso no afecta mi presupuesto personal”.
Se estima que de los 1132 asesores, unos 400 pertenecen a la planta permanente. Sin embargo, es complicado determinar el costo total que representan.
La preocupación surge cuando asesores de planta permanente no son asignados a ningún despacho específico, siendo frecuentemente ubicados en áreas como la Biblioteca del Congreso. Muchos critican esta práctica, argumentando que se convierten en «ñoquis», término utilizado en Argentina para describir a empleados públicos que cobran un salario sin cumplir con sus funciones.
El Senado actualmente emplea a aproximadamente 4000 trabajadores entre planta permanente y transitoria. Si un asesor no logra ser ubicado en un despacho, usualmente es asignado a comisiones para realizar labores administrativas. Si no se asigna ninguna tarea específica, el asesor entra en un proceso de espera de seis meses hasta que se resuelve su situación.
El debate se intensifica con casos como el de la senadora María Inés Pilatti Vergara, quien tiene 40 asesores en su despacho, y otros senadores que mantienen un número similar de asesores, mayoritariamente de planta permanente. La discusión continúa mientras se propone un proyecto para limitar los salarios en los tres poderes de la administración pública nacional a un máximo de 20 salarios mínimos.