La inhibición de bienes dispuesta por el juez Julián Ercolini en la causa del escándalo de los seguros alcanzó al ex presidente Alberto Fernández y su histórica secretaria privada, María Cantero, esposa de Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers imputados en el expediente, y amigo del ex mandatario. La medida, adelantado por Infobae ayer, alcanzó a tres ex funcionarios de la pasada gestión y la actual, y a una veintena de aseguradoras y productores de seguros, e implica que no podrán vender sus bienes y tampoco tendrán acceso a sus cajas de seguridad.
Ercolini – a pedido del fiscal Carlos Rívolo- le requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) que envíe al Juzgado las declaraciones juradas del ex mandatario, su ex secretaria y los ex funcionarios imputados en el expediente. También dispuso el levantamiento de secreto fiscal, bancario y de UIF respecto de todos, para llevar delante una investigación patrimonial que estará a cargo de la Fiscalía, con la colaboración de la PROCELAC.
¿Qué declaró ante la Oficina Anticorrupción al dejar la Presidencia el ex mandatario y qué bienes quedarían alcanzados por la medida judicial?
Al irse de la Casa Rosada, en su declaración jurada de baja, Fernández informó un patrimonio de $14 millones, el doble de que a principios de año, cuando había informado un patrimonio de $7 millones. La diferencia obedece básicamente al aumento del dinero en sus cuentas bancarias: pasó de $21.629 a $3.533.314. Pero esta plata no será alcanzada por la medida judicial ya que el magistrado no dispuso el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Fernández solo declaró dos bienes que quedarían alcanzados por la cautelar. Uno de ellos no está a su nombre directamente, sino de una sociedad. Se trata de la mitad del estudio jurídico sobre la Avenida Callao cuya titular es Inmueble Callao SA. Su participación societaria fue informada en solo $84.149, muy por debajo del valor del inmueble ubicado en una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires. Declaró un crédito a su favor de esta firma de $2.136.014.
Ante la consulta de Infobae sobre si el 50% del estudio jurídico entraría en la inhibición de bienes, una alta fuente judicial explicó que “habría que ver cómo figura inscripto en los registros”, en tanto que otra sostuvo que “todo es alcanzable en el porcentaje del inhibido”, por lo que la inhibición – aunque sea parcial de ese bien – “pasa a ser un dolor de cabeza para los socios”.
Lo que sí quedó fuera de la inhibición es el departamento de 175 m2 en Capital Federal en el que vivía su ex esposa, Marcela Luchetti, y que Fernández había comprado en el año 2000, ya que se concretó la división de bienes conyugales. En su última declaración jurada anual como presidente, correspondiente al período 2022, lo había declarado a principios de año en $12.221.253.
El otro bien registrable que informó es un automóvil Toyota Corolla modelo 2020 que valuó en $4.576.000.
Alberto volvió a informar que mantenía al dejar la Casa Rosada una deuda con Martínez Sosa de $102.240, que arrastra desde hace años. Si bien corresponden a USD 20.000, su monto en pesos nunca fue actualizado en sus declaraciones juradas. A su vez, declaró una crédito a su favor con la AFIP por el adelante del impuestos a la Ganancias y Bienes personales de $7.237.766.
Las curiosidades de la DDJJ de la secretaria
En tanto, Cantero informó un patrimonio al dejar su cargo de secretaria privada del ex presidente de $42.812.372. No consignó inmuebles a su nombre que podrían quedar alcanzados por la inhibición. El grueso de su patrimonio son USD 50.100 que declaró por la “venta de activos”, y que informó en $40.353.045, ya que los montos en el formulario deben ser declaradas en pesos, al valor del dólar oficial del Banco Nación al 31 de diciembre del período. Además, detalló tener otros $410.423 en el banco.
Al pie de la declaración jurada, que fue subida al sistema el 14 de febrero pasado, declaró ser cotitular de una cuenta bancaria en el Santander Rio y de otra cuenta en el Citibank en el exterior, cuyos fondos “provienen de la actividad” que realiza “su concubino”, por Martínez Sosa, y que – afirmó – fueron declaradas por él ante la AFIP. Al no haber sido funcionario, Martínez Sosa no debió presentar su declaración ante la OA, por lo que su declaración impositiva está bajo secreto fiscal, que ahora el Juzgado ordenó levantar.
Cantero también aclaró poseer un Jeep Wrangler Sport que recibió como “donación” de Martínez Sosa en 2009, y que no consignó en su declaración jurada porque fue incluido en la declaración jurada de Bienes Personales de su pareja.
