El fiscal Rodríguez está llevando adelante las primeras averiguaciones sobre la denuncia relacionada con el manejo de la obra social. En este proceso inicial, han surgido algunas derivaciones que podrían resultar sorprendentes, ya que apuntan a personas que podrían estar implicadas en la causa.
La denuncia fue presentada el mes pasado por el interventor del ISSyS, quien señaló irregularidades en el manejo de fondos, así como en la compra de materiales e insumos. Esta situación llevó al interventor de Seros, Rodrigo San Martín, a presentarse ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública para exponer diversos hechos irregulares que abarcan posibles sobreprecios y entrega de materiales en domicilios ficticios.
La auditoría ordenada por el Gobernador Torres reveló gastos por más de $200 millones entre los años 2022 y 2023, lo que impulsó la investigación fiscal. Desde entonces, se han identificado ciertas anomalías que sugieren una posible implicación de ciertas personas en la causa, aunque aún no se ha formalizado la apertura de la investigación.
Según San Martín, dos empleados de Seros fueron suspendidos, ya que trabajaban en un departamento encargado del mantenimiento edilicio, cuyas funciones iban desde la compra de blanquearía para los complejos turísticos hasta incluso armar la licitación de la obra de Comodoro Rivadavia.
“Ellos tenían la capacidad de manejar fondos y lo que se denuncia es que dividían todas las compras para eludir las licitaciones. Hay algunas actuaciones que han sido firmadas por sus superiores, en algunos casos por el propio Presidente de la entidad (Prior)”, confirmaba San Martín.
