La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir por segunda vez la investigación por la muerte del joven artesano que había sido cerrada a fin del año pasado. El tribunal revocó la resolución que lo catalogaba como desaparición forzada de persona, impulsada por las querellas en 2018. También apartaron al juez, Gustavo Lleral, y ahora la investigación quedará a cargo de un magistrado federal de Ushuaia.
En su fallo, los jueces del tribunal patagónico Javier M. Leal de Ibarra y Aldo Suárez, ordenaron profundizar las medidas de investigación pendientes y remarcaron que quedó descartada la hipótesis de la desaparición forzada de persona.
De este modo, el expediente volverá a investigarse, pero ahora bajo la supervisión del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien será el tercer magistrado en tratar la causa.
Según la Cámara Federal, hubo una larga “inactividad” en el expediente y señalaron la “reticencia” que habría demostrado el juez Lleral “en agotar los medios de prueba que tenía a su alcance”, tal como se le había ordenado en un fallo anterior. “Es necesario agotar las medidas pendientes», expresaron.
“No nos pasa desapercibido, que el transcurso del tiempo atenta contra el éxito de las investigaciones, en especial de aquellas con características como la presente; como así tampoco desatenderemos el correspondiente derecho con que cuentan las personas imputadas a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal, sin que por ello podamos obviar que no se verifica un motivo que haya en autos surgido de ‘nuevas pruebas’ producidas y que torne innecesaria la continuación de la instrucción en la dirección adoptada en el año 2019″, advirtió el fallo.
El caso Maldonado ocurrió durante la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri cuando, cuando era ministra de Seguridad. Mismo rol que ocupa en la actualidad durante el gobierno de Javier Milei.
En ese marco, la ministra Bullrich denunció penalmente al ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por los delitos de “traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, por la presentación que hizo el Estado argentino, en la gestión de Alberto Fernández, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de Maldonado.
