La Ley 5001 de Chubut, sancionada el 8 de mayo de 2003, representa un hito en la legislación ambiental de Argentina. Esta ley fue el resultado de una fuerte oposición pública a la minería metalífera a cielo abierto y al uso de cianuro en los procesos de producción minera. La ley surgió en un contexto de creciente conciencia ambiental y fue precedida por un plebiscito en Esquel, donde la comunidad votó rotundamente en contra de la explotación minera del proyecto Cordón Esquel por parte de la empresa Meridian Gold.
Inmediatamente después del plebiscito de Esquel, y dado los abrumadores resultados, desde la legislatura provincial se intentó tener el apoyo de la asamblea de Esquel para un proyecto de ley conocido en su momento como Ley De Bernardi, ya que fue el ex Diputado Nacional y Provincial Eduardo De Bernardi quien dio el puntapié inicial y propuso un proyecto de ley que prohibiera el uso de cianuro, que hoy con sus modificaciones, conocemos como ley 5001 (ley XVII-Nº 68).
La legislación prohibe específicamente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera dentro del territorio de la provincia del Chubut. Además, establece que cualquier zonificación del territorio provincial para la explotación de recursos mineros debe ser aprobada por ley, garantizando así un marco de regulación estricto y participativo.
La Ley 5001 es considerada una de las legislaciones más restrictivas en cuanto a la minería en Argentina y ha sido un símbolo de la lucha ambiental en la región. Sin embargo, con la adhesión de Chubut al Régimen de Inversiones para la Industria Minera (RIGI), existen preocupaciones de que esta ley pueda ser derogada o modificada, lo que podría abrir la puerta a la reactivación de proyectos mineros en la provincia.
Algunos legisladores, como Juan Horacio Pais, han expresado preocupación por la posibilidad de que la adhesión al RIGI pueda interpretarse como una derogación tácita de la ley 5001, abriendo así la puerta a la minería en la región. Por otro lado, figuras como el vicegobernador Gustavo Menna han argumentado que la adhesión al RIGI no implica la derogación de la ley 5001.
El debate sobre la minería y su impacto en el medio ambiente continúa siendo un tema de gran relevancia en Chubut y en toda Argentina. La Ley 5001 es un claro ejemplo de cómo la voluntad popular y la acción legislativa pueden converger para proteger los recursos naturales y el bienestar de las comunidades. La posible modificación o derogación de esta ley plantea interrogantes sobre el futuro de la política ambiental en la provincia y la preservación de sus ecosistemas únicos.