La jueza María Laura Martini, cuyo traslado a la localidad de Rawson por motivos familiares fue recientemente rechazado por la Legislatura, otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba para los imputados por quemar edificios públicos en 2021. Sin embargo, el procurador Miquelarena advirtió que la decisión de la fiscal -que rechazó el beneficio- es vinculante y que dicho estamento no habría sido respetado.
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la probation que sería otorgada a los imputados por la quema de edificios de gobierno durante las protestas antimineras de 2021. En diálogo con FM EL CHUBUT, el funcionario judicial advirtió que «en este sentido, Miquelarena planteó que «no dejan de sorprenderme algunas decisiones judiciales; imaginemos que si ya no estaba de acuerdo con el juicio abreviado que se hizo en su momento con uno de los imputados, ni hablar del juicio a prueba, obviamente lo vamos a impugnar y lo defenderemos hasta las últimas instancias».
«DE NINGUNA MANERA»
«Esto entiendo que de ninguna manera va a pasar el Superior Tribunal de Justicia, que ya tiene reiterada jurisprudencia respecto de la opinión dirimente del fiscal en estos casos. Acá parece ser que estuviéramos hablando de un individuo que rompió una maceta, y no tienen idea del daño que ocasionaron: de ninguna manera se puede llegar a un juicio a prueba con esto», puntualizó Miquelarena.
«Todavía estamos pagando las consecuencias. Nos quemaron la Procuración, quemaron las oficinas del Ministerio Público Fiscal que estaba a la vuelta, quemaron toda la Casa de Gobierno. La verdad, no sé a quién se le ocurre que esto, después de tres años de intensa investigación, puede terminar con una suspensión de juicio a prueba», remarcó.
«LA OPINION DEL FISCAL ES DIRIMENTE»
«Lo que realmente me sorprende es la cantidad del dispendio jurisdiccional que significan estas cosas, porque el Superior Tribunal tiene, desde hace rato, marcada jurisprudencia respecto de que en estos casos la opinión del fiscal es dirimente: si este se opone, no se hace lugar a la suspensión del juicio a prueba. Por eso no entiendo ‘a santo de qué’ se hace tan largo el proceso cuando se sabe cuál va a ser el resultado final», expresó el Procurador General, sumando a ello que «me llama la atención esta decisión, en contra de la voluntad del Ministerio Público Fiscal, de otorgar una suspensión de juicio a prueba en un caso como este; sabiendo, además, que hay reiterada jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que dice lo contrario».
Por último, Miquelarena anticipó que «ahora debemos esperar a que el Superior fije la audiencia», concluyendo que «no se tiene ninguna noción del daño que ocasionaron».