El directorio estaría dispuesto a modificar su política de sobrecargos. Argentina paga al Fondo una tasa cercana al 7,68% unos u$s2.366 millones este año, de los cuáles cerca de u$s765 millones corresponden a los sobrecargos.
Los cambios podrían implicar un ahorro anual de u$s400 millones, estimando treinta años de vida de los sobrecargos, la disminución podría alcanzar los u$s12.000 millones.
El Fondo Monetario Internacional se reunió esta semana informalmente para analizar modificaciones en su política de sobrecargos.
Según pudo saber Ámbito, el organismo multilateral estaría dispuesto a conceder una reducción en los intereses extra que cobra a países que están endeudados por encima de su cuota.
En el mismo sentido, podría aceptar una revisión a la baja de la tasa base y una suba del tope a partir del cuál se cobran las penalidades.
En octubre se llevará a cabo el encuentro formal donde se podría comunicar una decisión que favorece a Argentina que paga más de u$s700 millones al año por esta política.
La discusión entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un nuevo programa tiene por ahora futuro incierto.
La última novedad que hubo en este aspecto fue el paso al costado del chileno Rodrigo Valdes, que continuará desempeñando el cargo de director del Hemisferio Occidental, pero dejará la negociación con la administración de Javier Milei en manos de su segundo, Luis Cubeddu.
De todas formas, esto no garantiza que las partes estén de acuerdo en las políticas a implementar en un futuro programa.
Mucho menos asegura la llegada de fondos frescos, algo que el Gobierno espera a partir de un eventual triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, conclusión que parece al menos aventurada.
Sin embargo, Javier Milei podría recibir buenas noticias desde Washington este año. El lunes, el directorio del organismo llevó adelante una reunión informal en la que analizaron propuestas para modificar su política de sobrecargos. Se trata de los intereses adicionales que el Fondo cobra a los países que están endeudados por encima de su cuota y que mantienen ese exceso en el tiempo.
“Están considerando varias alternativas, algunas más convenientes para el país que otras, pero va a haber cambios y vamos a pagar un poco menos”, dijo a Ámbito Héctor Torres ex representante argentino ante el Fondo. Argentina es el principal deudor del FMI y concentra el 41% de los Derechos Especiales de giro que el organismo tiene colocados en el mundo.
¿Por qué es importante para Argentina? Según datos de la consultora Suramericana Visión, Argentina paga al FMI una tasa cercana al 7,68% en la que los sobrecargos representan alrededor de 300 puntos básicos. Lo que implica este año pagos de unos u$s2.366 millones, de los cuáles cerca de u$s765 millones corresponden a los sobrecargos.
Durante su paso por el Ministerio de Economía, Martín Guzmán fue particularmente activo sobre este asunto. Se reunió con representantes de distintos países y lo puso en agenda de los foros en los que Argentina participó, como el caso del G20 que en uno de sus encuentros lo incluyó en su declaración final.
Ya por fuera de la gestión, el ex ministro y el premio Nóbel Joseph Stiglitz junto con el profesor de la universidad de Boston, Kevin Gallagher, presentaron una propuesta concreta para reformar este punto de la arquitectura financiera internacional. Esta semana, antes de la reunión informal del directorio, insistieron con esa iniciativa que incluye una baja baja de la tasa de sobrecargos, una suba del umbral de deuda a partir del cual se pagan y una reducción en la tasa básica del FMI, lo hicieron a través de una nota publicada en Project Syndicate.
Según pudo averiguar Ámbito, el organismo estaría dispuesto a modificar algunos de los puntos en cuestión. Específicamente: bajar la tasa basa, reducir los sobrecargos y subir los topes a partir de los cuáles se cobran. Para Argentina podría redundar en un ahorro de u$s400 millones anuales, estimando una vida de treinta años de los sobrecargos, podría implicar un ahorro de alrededor de u$s12.000 millones.
La decisión podría ser comunicada en la reunión anual de la asamblea de gobernadores que se realizará en octubre. Aunque hay quienes creen que incluso podría darse a conocer antes.