El trasfondo del asunto
En tanto, los «exchanges», que representan a la industria, respetan la postura de la ONG Bitcoin, que nuclea a los usuarios de criptomonedas, dado que la sinergia del ecosistema cripto es más que óptima, pero consideran que el sector debe crecer de la mano de la regulación y creen que eso lo hará «más inclusivo».
En ese marco, los exchanges aseguran que la ONG es “maximalista”- un término con el que la organización se siente cómoda-. La conciliación de estas dos posturas es difícil, aunque coinciden en algunos puntos. «Nosotros siempre sostenemos que no hay que prohibir la autocustodia, ni perseguir la descentralización. Pero los ‘exchanges’ centralizados necesitamos cumplir con ciertas normativas para evitar problemas como los de FTX y para proteger a los usuarios. Al final, estos últimos son quienes sufren las consecuencias de no cumplir con las regulaciones”, señaló a Ámbito una alta fuente de la industria local.
De allí que la ONG Bitcoin busque evitar que se coloque al inversor retail y a los bancos, por ejemplo, en la misma bolsa. Y es que las casas de intercambio cripto que operan en el país comparten la ideología maximalista de la ONG, pero admiten que son “bancos de criptomonedas y hay que regularlos como tal”.
Por ello, la pregunta que surge es si esta regulación es necesaria en un mercado que ya está operativo o no. Por un lado, establecer reglas claras puede fortalecer la transparencia, proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad del mercado, lo que genera confianza, tanto para los inversores como para la industria.
Pero, por otro, una regulación estricta puede actuar como una barrera de entrada para nuevos participantes, en particular para las compañías que no cuenten con los recursos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por la CNV. Los costos adicionales de cumplimiento y la complejidad administrativa terminarían por disuadir a nuevos emprendedores, lo que limitaría la innovación y la competencia.
Los principales puntos que le cuestionan a la normativa
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin, comenta en declaraciones a este medio que la regulación es buena solo para los PSAV que tengan un volumen y rentabilidad que les permita incorporar “este nuevo costo regulatorio”.
Y es que para Mihura, la normativa “naturalmente” restringe la competencia, concentra el mercado y permite prever un sin fin de regulaciones hacia el futuro. Hace hincapié en el avance de una mayor intervención estatal en un ecosistema que “nació libre, desde la pura iniciativa privada y como algo distinto y superador del sistema financiero y monetario centralizado”.
Por su parte, la fuente de la industria de los exchange analiza que ellos entienden que la ONG Bitcoin tiene una filosofía basada en la descentralización, pero la realidad es que “los exchanges somos un «elefante rosa» en este ecosistema, ya que somos entidades centralizadas”.
“Nosotros defendemos la regulación para los proveedores de servicios activos virtuales (PSVA), que incluye a los exchanges de criptomonedas”, explica. Los servicios de activos virtuales abarcan no solo a las casas de bolsa cripto, sino una variedad de innovaciones, como la tokenización de activos y otros desarrollos tecnológicos que permiten crear sistemas de trazabilidad, como una identidad digital trazable en la blockchain, que podría servir, por ejemplo, como un DNI digital.
Por ello, sobre la regulación de la CNV, comenta la fuente, “no vemos nada ilógico en lo que se está planteando.” Y agrega que es una tendencia que sucede a nivel regional y global. “Lo que sucede es que, del otro lado, tienes a personas más filosóficas, que siguen con una ideología. Nosotros ya no estamos ahí. Ahora nos hemos convertido en una industria seria. Si realmente deseas hacer las cosas bien y dar seguridad a tus clientes, tienes que cumplir con las regulaciones”, desliza.
Un punto en común: piden rever los montos que fija la normativa cripto
La fuente de la industria cripto señaló que “estamos alineados con lo que se está planteando desde la ONG”. A lo que se refiere es al monto a partir de los cual se deben comenzar a cumplir las regulaciones que dicta la CNV.
“Lo que pedimos desde todos los exchanges es que se suban los montos a partir de los cuales se deben cumplir con las regulaciones, ya que la cantidad de patrimonio mínimo requerido es un obstáculo», comenta.
Sobre esto se expresó el abogado Manuel Ponce, secretario de la Comisión Directiva y miembro de la Comisión de Marco Regulatorio de la ONG, quien sostuvo que “los sujetos exceptuados de las obligaciones registrales no pueden limitarse a quienes operen menos de u$s35.000 por mes, pues dejaría afuera prácticamente a todas las pymes y cuentapropistas del sector, dado que con la rentabilidad de un negocio tan pequeño es imposible afrontar los costos regulatorios.”
La organización enfatiza en un aspecto clave en su propuesta presentada a la CNV y es que las plataformas de intercambio de criptoactivos operan a nivel y escala global, por lo “que no es creíble que la CNV pueda garantizar a los usuarios de Argentina que la operatoria y los criptoactivos que se negocian en ellas vayan a ser supervisados, como así tampoco la honestidad de los proyectos”.
La postura de la CNV ante la polémica cripto
¿Qué dice al respecto la CNV? Desde el organismo que conduce Roberto E. Silva señalaron a Ámbito que están en el proceso de analizar todos los comentarios recibidos a través de la consulta pública. La reglamentación definitiva estaría lista para el primer trimestre del 2025.
A la espera del documento final de la CNV, las opiniones sobre la regulación de criptomonedas en el ámbito nacional ya están divididas entre defensores y detractores. Este debate puede interpretarse como un signo positivo del avance del mercado local, que ha madurado lo suficiente para permitir estas discusiones.
Además, refleja la creciente relevancia de los activos digitales, que incluso han llegado a influir en procesos políticos de gran envergadura, como las elecciones presidenciales en EEUU.
