La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la empresa Patagonia Argentina SRL firmaron un nuevo acuerdo que extiende temporalmente el contrato de concesión del transporte urbano de pasajeros, desde el 31 de mayo hasta el 31 de julio. La decisión busca garantizar la continuidad del servicio hasta que finalice el proceso licitatorio en marcha, aunque el corto plazo de la prórroga y algunas condiciones contractuales generan ciertos interrogantes.
El convenio establece una prórroga de apenas dos meses, hasta el 31 de julio de 2025, con la posibilidad de extenderla por un mes adicional. El argumento central de esta decisión radica en la «situación de excepción» planteada por el Ejecutivo municipal, que sostiene que el desarrollo del proceso licitatorio supera el plazo del contrato vigente.
No obstante, el propio pliego licitatorio todavía se encuentra en tratamiento en el Concejo, y su aprobación recién podría darse en la segunda sesión ordinaria de junio, prevista para el día 26, según coincidieron fuentes de ambos bloques mayoritarios, consultadas para este informe de ADNSUR.
Si se considera el tiempo que demanda un proceso licitatorio de envergadura (aprobación legislativa, llamado a oferentes, publicación de pliegos durante un cierto plazo, evaluación de propuestas), no resulta descabellado suponer que los plazos puedan extenderse más allá de lo previsto en esta breve prórroga.
Compromisos operativos y continuidad formal
Durante esta extensión, Patagonia Argentina se compromete a mantener las condiciones del acuerdo anterior, firmado el 30 de septiembre de 2023 y ratificado por la Ordenanza 16.277/1-23. En cuanto al esquema de financiamiento, se prevé el pago de anticipos mensuales del subsidio: uno el primer día hábil de julio y lo mismo en agosto, con la opción de septiembre si se utiliza el mes adicional de agosto.
Estos pagos, aclara el acuerdo de prórroga, estarán sujetos a la evaluación de la estructura de costos actualizada, publicó ADNSUR.
Actualmente, el subsidio municipal es de 1.300 millones de pesos por mes, sumado a un monto de sólo 170 millones que aporta Provincia. Toda esa suma representa alrededor de un 55% del costo mensual del servicio, que se termina de cubrir con lo que recauda la empresa a través de la venta de boletos.
Un pago extra de 100 millones de pesos
Entre los puntos más destacados del acuerdo aparece un pago adicional de cien millones de pesos ($100.000.000) a la empresa concesionaria. Este monto se presenta como una provisión extraordinaria destinada a cubrir los costos operativos derivados de la prórroga.
Según se lee en el inciso b) del artículo 3, se dispone que la municipalidad afrontará «el pago del costo operativo incremental derivado de la extensión no prevista de la concesión por la suma de cien millones de pesos, los que serán incluidos en la documentación normal y habitual que presenta la empresa en relación a la prestación del servicio para la determinación del subsidio mensual y su posterior pago».
El concepto bajo el cual se acuerda esta suma no parece del todo definido, al menos en términos públicos. Dado que la empresa continúa prestando un servicio bajo las condiciones ya establecidas, al leerse el acuerdo no queda claro si responde a un desfasaje de costos verificables.
En cualquier caso, el monto despertó dudas en el seno del bloque oficialista, desde donde ya trascendió que se pedirá un dictamen al asesor legal del Concejo sobre ese tema.
Renuncia a exigir la continuidad compulsiva
Un aspecto menos visible pero jurídicamente significativo del acuerdo es el punto 4, que establece que el Municipio renuncia expresamente a su facultad de exigir la prestación compulsiva del servicio una vez concluido el plazo de la prórroga.
Esta cláusula, aceptada recíprocamente por ambas partes, limita las herramientas legales de la Municipalidad en caso de que el proceso licitatorio se demore y no haya una nueva concesión definida al vencimiento del plazo.
En otras palabras, si a fines de julio (o incluso agosto) no se ha adjudicado la nueva licitación, la Municipalidad no podría obligar legalmente a Patagonia Argentina a seguir prestando el servicio, lo que deja al sistema en una posición vulnerable, al menos en términos normativos.
También este punto sería objeto de un análisis exhaustivo en el seno mismo del bloque oficialista, que también podría requerir un dictamen especial del asesor legal, para que se expida sobre esa renuncia a facultades propias del municipio.
Hay que recordar que el acuerdo sólo puede ser aprobado o rechazado por los concejales, pero no tienen potestad para modificarlo.
Condiciones legales y cierre del acuerdo
El acuerdo, que se tramita en un expediente iniciado en 2025, también contempla la cancelación de deudas originadas por demoras en los pagos a través del Banco del Chubut, las cuales deberán saldarse en un plazo máximo de siete días hábiles tras su determinación.
Asimismo, el convenio incluye una cláusula resolutoria que establece que su validez está sujeta a la aprobación del Concejo Deliberante. En caso contrario, el texto “carecerá de todo valor”, a menos que una acción judicial o medida cautelar así lo disponga. También se formaliza la renuncia mutua a interponer acciones judiciales o reclamos por la prestación del servicio compulsivo, lo que cierra cualquier vía de litigio entre las partes.
Si bien el objetivo inmediato —asegurar la continuidad del transporte público— parece estar cubierto en el corto plazo, la brevedad de la prórroga, el pago extraordinario y la renuncia a mecanismos legales de exigencia en caso de incumplimiento dejan abiertas varias preguntas sobre los márgenes de previsibilidad y control que tendrá el Municipio, si los tiempos administrativos no acompañan.
