Recién nacidos con cocaína en el cuerpo. La situación involucra directamente a madres gestantes con consumos problemáticos y evidencia las fallas del sistema en el acompañamiento integral de estas familias vulnerables.
Las defensorías de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias de Neuquén alertaron sobre el creciente número de casos de bebés recién nacidos con restos de cocaína y otras sustancias en su organismo, una problemática que, según indicaron, se ha agravado desde la pospandemia, según publicó LA17.
“Desde hace un tiempo vemos un incremento de nacimientos con metabolitos positivos”, explicó Florencia Baldauf, psicóloga del Ministerio Público de la Defensa, en declaraciones a Canal 7. “Por protocolo, los bebés deben permanecer internados al menos siete días. Después del alta, el seguimiento familiar es clave”, señaló.
En la mayoría de los casos, los signos de consumo se detectan en el parto, tras indicadores previos de riesgo en los controles prenatales. Una vez confirmada la presencia de sustancias mediante análisis clínicos, interviene personal de defensorías para evaluar la situación familiar y definir las medidas a tomar en favor del niño.
“No se trata solo de la voluntad de la madre”, enfatizó la defensora Mónica Palomba, al describir que muchas mujeres no logran modificar su conducta adictiva sin asistencia. “El consumo deteriora la capacidad de cuidado propio y del otro, en este caso, de un bebé que necesita protección permanente”, añadió.
La problemática afecta a todo el entorno familiar y suele estar atravesada por otros factores como la pobreza, la exclusión, la violencia y la falta de acceso a recursos terapéuticos. “Urge un abordaje integral, con equipos interdisciplinarios que incluyan apoyo económico, contención psicológica y estrategias sanitarias sostenidas”, apuntaron desde las defensorías.
Frente a este escenario, se comenzaron a gestar instancias de coordinación con hospitales públicos, como el Hospital Heller, y con la Subsecretaría de Salud, para plantear un abordaje conjunto que priorice el interés superior del niño.
Las funcionarias insistieron en que debe primar el principio de corresponsabilidad entre organismos, tal como lo establece la Ley Provincial 2302, basada en la Convención de los Derechos del Niño. “La prioridad es proteger, no castigar. Antes de pensar en una posible separación familiar, el Estado debe garantizar herramientas para sostener a la madre y al bebé juntos, en condiciones dignas y seguras”, concluyeron.
