Ya no se hablará de “pasivo” sino de “daño ambiental”, lo que impedirá que las empresas transfieran responsabilidades a compradores de sus áreas concesionadas.
Nuevo proyecto ambiental. El subsecretario de Ambiente, Nicolás Coluccio, confirmó que el Municipio de Comodoro Rivadavia reformulará el proyecto de ordenanza sobre pasivos ambientales, con un cambio clave: ya no se hablará de “pasivo” sino de “daño ambiental”, lo que impedirá que las empresas transfieran responsabilidades a compradores de sus áreas concesionadas.
La nueva iniciativa fue anticipada por ADNSUR el último domingo y será socializada con universidades y organizaciones.
De “pasivo” a “daño”: el giro legal que cambia el foco
“Lo que cambia es la concepción de pasivo ambiental, ahora entendida como daño ambiental, tal como lo define la Ley General del Ambiente de Nación y también la normativa provincial”, explicó Coluccio, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar. La diferencia no es solo semántica: “El daño ambiental es intransferible. Aquel que lo genera, es responsable sobre ese daño y sobre el tratamiento que haya que hacer”.
Esto implica que, ante una situación como la transferencia del área Campamento Central por parte de YPF a la empresa Pecom, el Municipio no considerará válida la cláusula “clean exit” que pretende desligar al operador saliente de su responsabilidad ambiental. “Nosotros vamos a ir por ese caso. No importa si remedia la nueva empresa o una tercera, pero la responsabilidad sigue siendo del generador del daño”, aclaró.
Más de 6000 pozos en la ciudad, y al menos 110 en condición crítica
El subsecretario reveló datos preocupantes: “En Comodoro tenemos más de 6.000 pozos perforados dentro del ejido urbano. De esos, hay 1.700 que están inactivos, lo cual está prohibido por la resolución 5 del año 1996. Según esa norma, un pozo debe estar activo o abandonado, no puede permanecer inactivo”.
Coluccio responsabilizó a YPF por estos incumplimientos: “Quien no cumplió con esa legislación fue la operadora anterior, YPF. Por eso no se puede adjudicar el 100% de la responsabilidad a Pecom, que heredó esa situación”, evaluó.
Según un relevamiento del área ambiental, ya se relevaron 612 pozos inactivos, de los cuales “alrededor de 110 tienen condiciones de alto riesgo, incluso con bocas de pozo dentro de viviendas”.
Respecto a los pozos que hoy presentan surgencias -es decir, emisiones no controladas desde el subsuelo-, Coluccio detalló que “en algunos casos las surgencias son de gas, en otros de hidrocarburos líquidos, y en algunos pozos se ha detectado una combinación de ambos”.
Aclaró que no se trata de represurización de los reservorios, sino de fallas estructurales asociadas a los métodos de abandono obsoletos, que dejaban conexiones hidráulicas entre el fondo del pozo y la superficie. Estas fallas, sumadas al paso del tiempo y a la degradación de los materiales, hacen que algunas de esas viejas perforaciones se activen espontáneamente, incluso décadas después de haber sido selladas.
El caso judicial del pozo 44 y la amenaza latente bajo tierra
Entre los ejemplos más graves, Coluccio mencionó el pozo 44 ubicado en Kilómetro 3, “que fue abandonado a la vieja usanza y está hoy judicializado”.
El funcionario explicó que en muchos casos no se sabe con precisión dónde está ubicada la boca de pozo: “Estamos hablando de perforaciones de los años ‘30, que fueron georreferenciadas con métodos muy precarios, con errores de entre 50 y 80 metros”.
La remediación en estos casos puede ser extremadamente compleja. “Hay pozos que no se pueden reabandonar con las técnicas actuales. En esos casos, la ley nacional prevé el concepto de compensación ambiental”, explicó Coluccio, dejando abierta la posibilidad de reclamar indemnizaciones económicas a los responsables.
Sobre este caso puntual, explicó: “Es un pozo que está a 300 metros de profundidad y no se sabe con precisión dónde está la boca. Para encontrarlo habría que remover todo el suelo, lo cual es una tarea titánica”.
Este ejemplo, según indicó, ilustra los enormes desafíos técnicos y legales que implica la remediación de pozos abandonados décadas atrás, muchos de los cuales están en zonas densamente pobladas.
¿Qué implica la compensación? Restricciones, perjuicios y falta de servicios básicos
En los casos donde el daño ambiental no pueda ser remediado técnicamente, la legislación nacional contempla la figura de la compensación, que es de carácter económico.
“La compensación es por el daño generado, y tiene que asumirla el responsable. Si no se puede remediar el sitio —porque el pozo no puede ser reabandonado o el riesgo no puede eliminarse—, entonces corresponde una compensación por los perjuicios ocasionados”, explicó Coluccio. Esta compensación no solo alcanza al daño sobre el ambiente en sí, sino también a las restricciones que genera sobre el uso del suelo, el desarrollo urbano y los servicios públicos.
El subsecretario ilustró cómo estos pasivos impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos: “En algunos barrios del norte, hay manzanas donde los vecinos no tienen gas. ¿Por qué? Porque están dentro del radio de seguridad de un pozo abandonado. Eso genera una restricción al dominio, que afecta tanto al vecino como al desarrollo urbano de la ciudad”.
En ese plano, ahondó en su razonamiento:“La ciudad creció esquivando pozos, plantas, ductos. Eso condicionó todo el desarrollo urbanístico. Y ese perjuicio también es un daño ambiental, aunque no se pueda remediar. Por eso hablamos de compensación”, insistió.
¿Qué cambió entre los viejos y nuevos métodos de abandono?
Consultado sobre la diferencia técnica entre los abandonos antiguos y los actuales, Coluccio fue claro: “Antes se ponía un tapón de madera con un cable colgado hasta superficie, y se tiraba cemento encima. Se han encontrado todo tipo de cosas adentro de esos pozos. Con el tiempo, ese cable se degrada y puede haber conexión hidráulica desde el fondo a la superficie”.
Hoy, en cambio, se utilizan varios tapones cementados, con cañerías que protegen los acuíferos. “Aun así, la normativa actual exige que, sobre un pozo abandonado, no se construya nada. Tiene que estar en una plaza, una calle, un espacio libre. Nunca en el patio de una casa”, señaló.
En efecto, la tecnología actual es la mejor conocido, pero no se sabe qué puede pasar en las próximas décadas. “Los pozos abandonados en las primeras décadas, que hoy están en surgencia, se sellaron con la mejor técnica conocida en ese momento -graficó-. No sabemos qué puede pasar dentro de 50 años”.
Plazos y participación: un proyecto “socializado” para toda la ciudad
Coluccio aclaró que el nuevo proyecto aún no tiene fecha de presentación oficial, pero se están organizando jornadas de debate con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. “Queremos que sea un proyecto de la ciudad, que tenga trazabilidad, un plan de acción claro y que los vecinos puedan saber si en el lugar donde viven hay riesgo ambiental o no”, explicó.
“El objetivo es tener información, conocimiento, un sistema de monitoreo continuo y sobre todo, responsabilidades claras”, concluyó.
Denuncias por residuos ilegales: “No hay ningún repositorio autorizado en Eureka”
Al finalizar la entrevista, Coluccio respondió a consultas de la audiencia sobre supuestos depósitos de residuos en zonas como el Infiernillo o el ex Tambo, cerca del acceso Eureka. “No hay ningún escombro municipal autorizado ahí ni en ningún otro punto de ese sector”, afirmó.
Pidió a los vecinos que, ante hechos de este tipo, saquen fotos con patente visible y las envíen a los canales de contacto de la Subsecretaría de Ambiente, disponibles en la web oficial del Municipio. “Con eso podemos iniciar la investigación y actuar”, aseguró.
