Tras casi dos años de fuerte ajuste fiscal y parálisis de obras públicas, el Gobierno nacional avanza en la elaboración de un plan de infraestructura que buscará reactivar la inversión y coordinar acciones con las provincias.
La iniciativa tendrá al sector privado como protagonista central y contempla nuevos llamados a licitación para recomponer una variable clave de la economía.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que el efecto de la “motosierra” aplicada durante el primer año y medio de gestión de Javier Milei es insostenible. “Necesitamos aumentar de manera muy importante la inversión en infraestructura y se ha trabajado en un plan para llevarlo adelante”, aseguró durante un encuentro organizado por FIEL.
En provincias como Santa Fe, incluso se instalaron carteles en rutas nacionales para advertir que el mal estado de la infraestructura es responsabilidad del Gobierno Nacional.
Obras paralizadas y deudas pendientes
El recorte llevó a que alrededor de 3.500 proyectos de obra pública quedaran detenidos, acumulando una deuda cercana a los $400.000 millones con constructoras. “Todavía no se han saldado los pagos de obras ejecutadas en 2023”, señaló a Ámbito Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
Frente a esta situación, gobernadores habían solicitado al Ejecutivo la transferencia de proyectos para poder concluirlos a nivel provincial.
Nuevos llamados a licitación y participación privada
El plan oficial prevé acelerar el lanzamiento de licitaciones de caminos y otros proyectos, priorizando la inversión privada bajo esquemas de participación público-privada (PPP). Daza sostuvo que para que funcione es necesario garantizar “reglas claras, contratos confiables y un costo de capital que haga rentables los proyectos”.
El desafío, sin embargo, radica en estabilizar las variables financieras a largo plazo, condición indispensable para asegurar la continuidad de la inversión.
Con un escenario de ajuste y deudas acumuladas, el nuevo plan de infraestructura aparece como una apuesta del Gobierno para recomponer un sector clave de la economía, aunque dependerá en gran medida de la estabilidad macroeconómica y de la confianza del capital privado.
