La Cámara baja analizará cambios que restringen los decretos de necesidad y urgencia.
El Congreso se prepara para debatir un proyecto que busca limitar el uso de DNU por parte del gobierno de Javier Milei, según informó Perfil. La medida genera tensión entre oficialismo y oposición, que busca recuperar protagonismo legislativo.
Qué se debate sobre los DNU
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento analizará este martes 23 de septiembre la media sanción del Senado que limita la capacidad del Ejecutivo de dictar DNU. La oposición planea avanzar con una sesión especial el 1 de octubre, donde también se discutirán cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre los ATN y la derogación de decretos vinculados a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.
Historia y alcance de los DNU
El instituto de los DNU fue establecido en la reforma constitucional de 1994 para situaciones excepcionales que requieren respuesta inmediata. En la práctica, tumbar un decreto ha sido muy difícil para la oposición: solo casos puntuales, como fondos reservados de la SIDE, reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos, y cambios en organismos como INTA e INTI, lograron ser revocados.
Propuesta de la oposición: cambios clave
La iniciativa opositora busca que con el rechazo de una sola Cámara se anule un DNU, en lugar de exigir ambas. También propone un plazo máximo de 90 días para la convalidación desde su publicación, 48 horas hábiles para la comunicación entre Cámaras y la prohibición de dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el año parlamentario. Esta medida revertiría la norma sancionada en 2006 que fortaleció los decretos presidenciales.
Implicancias políticas para el gobierno
El gobierno sigue con atención la discusión, ya que los DNU son una herramienta clave para avanzar en políticas sin depender de negociaciones con bloques legislativos o gobernadores. La limitación propuesta por la oposición busca acotar la discrecionalidad presidencial y reequilibrar el poder del Congreso en la toma de decisiones.
