La Justicia investiga un presunto desvío millonario de fondos sindicales en Puerto Madryn.
Dos exmiembros de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOYEAP) están acusados de haber dirigido más de 11 millones de pesos de los aportes de los afiliados a sus cuentas personales.
La Investigación Judicial y los Imputados
Según la información de la causa judicial a la que tuvo acceso este medio, la jueza Marcela Pérez Bogado ya imputó a Armando Walter Vique por presunta defraudación agravada. Este martes se realizará una segunda audiencia para imputar el mismo delito a Patricia Mariezcurrena, quien también integró la comisión directiva del gremio. Ambos habrían actuado de manera coordinada para desviar los fondos entre 2020 y 2024.
El Método del Presunto Desvío Millonario
El fiscal jefe Alex Williams sostiene que los acusados aprovecharon sus cargos para engañar sistemáticamente al municipio, que actuaba como agente de retención de las cuotas sindicales. Según la hipótesis fiscal, proporcionaron intencionalmente los números de tres cuentas bancarias que no pertenecían al sindicato: una a nombre de Mariezcurrena, otra de Vique y una tercera de la cual eran cotitulares. Mariezcurrena, como responsable administrativa, manejaba directamente estos fondos.
El Destino Desconocido del Dinero y la Querella Activa
El monto total defraudado al SOYEAP asciende a $11.475.556,34, dinero que fue transferido en varias oportunidades a cuentas del Banco del Chubut a nombre de los imputados. La investigación no ha podido determinar aún el destino final de estos fondos, aunque se presume que ambos se beneficiaron económicamente. La querella, representada por la penalista Gladys Olavarría e impulsada por José Mariani -interventor del gremio-, solicita múltiples medidas de prueba para rastrear el camino del dinero y confirmar las responsabilidades.
El caso expone una grave presunta defraudación a los trabajadores municipales afiliados al SOYEAP, cuyo dinero de aportes sindicales habría terminado en cuentas personales. La investigación avanza para determinar el destino final de los más de 11 millones de pesos y establecer todas las responsabilidades penales en un hecho que compromete la confianza de los afiliados en sus representantes gremiales. Información extraída del medio Jornada.