La acusación apunta a militares y un policía federal que habrían organizado un complot para impedir la asunción presidencial mediante violencia.
La Fiscalía de Brasil solicitó condenas contra nueve militares y un agente de la Policía Federal acusados de participar en un plan para ejecutar un golpe de Estado en 2022, que incluía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. La información surge según C5N.
Un plan para impedir el cambio de gobierno
El fiscal general Paulo Gonet expuso que el grupo habría actuado con la intención de sostener en el poder al entonces presidente Jair Bolsonaro, a pesar del resultado electoral. Para ello, presionaron a integrantes de la cúpula militar para que apoyaran la ruptura institucional, mientras avanzaban en la planificación de acciones violentas.
La operación recibió el nombre de “Puñal Verde y Amarillo”, y contemplaba secuestros, detenciones ilegales y asesinatos de autoridades.
Pruebas y estructura del grupo involucrado
Entre las pruebas recolectadas figura el testimonio y grabaciones del agente federal Wladimir Matos Soares, quien admitió que su grupo estaba dispuesto a utilizar “fuerza letal” con el objetivo de impedir la asunción presidencial.
Los acusados pertenecían a un comando de elite conocido como los “kids pretos”, especializado en operaciones de inteligencia y acción rápida. La Procuraduría sostiene que su entrenamiento y posición institucional fueron factores claves para articular la maniobra.
Un proceso que continúa avanzando
Esta causa forma parte de la tercera etapa de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en Brasil. El Supremo Tribunal Federal ya condenó a 15 implicados y recientemente ratificó la sentencia de 27 años y tres meses contra Bolsonaro por liderar la trama.
Ahora, resta que el máximo tribunal evalúe las condenas solicitadas para los nueve militares y el policía federal acusados. La Fiscalía detalla que las imputaciones comprenden tentativa de golpe de Estado y otros cuatro delitos graves.
El avance de estas investigaciones representa un capítulo decisivo en la búsqueda de responsabilidades por los hechos que intentaron interrumpir la democracia brasileña. El proceso judicial continúa abierto.