El análisis sobre la estructura del Estado nacional vuelve a instalar un debate profundo por el efecto que generan los recortes aplicados desde diciembre de 2023. El informe del Centro de Economía Política Argentina afirma que la política oficial produjo la pérdida de 60.784 puestos de trabajo, un número que equivale a una reducción del 17,7% de la planta total y que implica un ritmo de más de 83 desvinculaciones por día. El estudio se elaboró con datos del Indec y describe una tendencia que atraviesa todas las áreas del sector público nacional.
Las empresas estatales concentran la mayor cantidad de despidos en términos absolutos. Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 bajas, seguida por la Operadora Ferroviaria SE con 3.375 cesantías y el Banco Nación con 2.069. Aerolíneas Argentinas suma 1.887 desvinculaciones. El CEPA sostiene que estas reducciones muestran un retroceso sostenido en estructuras que cumplían funciones operativas relevantes para el Estado, tanto en logística como en transporte, finanzas y servicios estratégicos.
El informe también detalla fuertes recortes en organismos que dependen de la Administración Pública Nacional. ARCA aparece como el caso más importante en valores absolutos, con 3.220 puestos eliminados. El Conicet registra 1.964 despidos y la Anses tiene una reducción de 1.584 trabajadores. El documento remarca que el impacto alcanza áreas científicas, sociales y administrativas que tienen tareas directas con la ciudadanía, lo que refleja un proceso extendido en varias capas de la estructura estatal.
En términos proporcionales, la situación más severa se observa en la ex Télam, donde las desvinculaciones alcanzaron cerca del 80% del personal. Le siguen Enarsa Patagonia, Educar SA y Contenidos Públicos SE, todas con reducciones que, según el estudio, resultan especialmente significativas. El informe señala que estos recortes exponen un vaciamiento profundo de funciones comunicacionales, energéticas y educativas, lo que se traduce en un debilitamiento de capacidades institucionales históricas.
Otros organismos experimentaron reducciones fuertes en su planta de personal. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64% de sus trabajadores, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte tuvo una caída del 46,6% y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social redujo su dotación en un 43,5%. El CEPA concluye que estos casos describen un repliegue extendido del Estado en áreas que atendían derechos sociales, productivos y comunitarios, con efectos inmediatos en su funcionamiento interno.
El informe sostiene que estos recortes no se encuentran aislados ni responden a cuestiones administrativas puntuales. La entidad describe “una estrategia de repliegue sistemático del Estado”, vinculada a la combinación entre ajuste fiscal y reducción de capacidades institucionales. Según el estudio, esta dinámica configura “un nuevo paradigma”, donde lo público queda limitado y donde distintas áreas pierden peso frente a la lógica de mercado.
El documento plantea que la reducción de puestos modifica la capacidad operativa del Estado y su alcance territorial. El CEPA advierte que las áreas afectadas cumplían funciones que resultaban irremplazables, tanto por su rol regulatorio como por el contacto directo con la población. El retroceso, afirma, impacta en servicios sociales, educativos, tecnológicos y financieros.
Hacia el final, el estudio concluye que “las reducciones afectan de manera directa la capacidad del Estado de brindar servicios esenciales y proteger derechos fundamentales”, al tiempo que proyecta un escenario donde el ajuste mantiene efectos prolongados. El análisis abre un debate sobre el rumbo de la estructura estatal y sobre las consecuencias que pueden surgir si continúa la tendencia.
