Mediante el decreto 924/2025, el Ejecutivo formalizó un préstamo con el banco Crédit Agricole para adquirir aeronaves destinadas a la Armada y reforzar el control del Mar Argentino
El Gobierno nacional oficializó la aprobación de un crédito por 71.676.175,26 euros para la compra de helicópteros navales livianos destinados a la Armada Argentina. La medida quedó formalizada a través del decreto 924/2025 y se enmarca en el plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por la gestión de Javier Milei.
De acuerdo con Canal 12 Web. El financiamiento fue acordado con la entidad europea Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) y cuenta con el aval del Ministerio de Economía y del Banco Central. De acuerdo con los informes de los organismos técnicos, el costo financiero del préstamo resulta inferior al que el país podría obtener en los mercados internacionales, mientras que su impacto en la balanza de pagos fue calificado como “acotado”.
Según lo establecido en el decreto, la totalidad de los fondos tendrá como destino exclusivo la adquisición de las aeronaves navales, sin posibilidad de ser utilizadas para otros fines. La ejecución del programa estará a cargo del Estado Mayor General de la Armada, responsable de la incorporación y puesta en servicio de los nuevos helicópteros.
La compra se suma a otras inversiones estratégicas en materia de Defensa que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de su gestión. Entre ellas se destacan el acuerdo con Dinamarca para la adquisición de 24 cazas F-16 modernizados, cuya entrega se completará en 2028, y la incorporación de blindados Striker para el Ejército destinados al control fronterizo.
Desde el área de Defensa indicaron que el objetivo principal de este reequipamiento es fortalecer la vigilancia y la soberanía marítima. Las nuevas aeronaves operarán desde buques de la Armada y permitirán ampliar el alcance en la detección de embarcaciones que actúan de manera irregular en la Zona Económica Exclusiva. En ese sentido, señalaron que estas compras apuntan a recuperar capacidades perdidas por falta de inversión y a garantizar “tecnología de última generación” para la protección de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
