El debate sobre el Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados de la Nación sumó un nuevo capítulo de confrontación
El legislador nacional Juan Pablo Luque manifestó formalmente su rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, la cual pretende fijar la imputabilidad a partir de los 14 años. A través de sus redes sociales, el diputado argumentó que la propuesta carece de una visión sistémica y no atiende las causas estructurales de la inseguridad.
Críticas a la eficacia del proyecto oficial
Aunque Luque reconoció que el sistema actual de responsabilidad penal juvenil se encuentra «agotado» y requiere una actualización urgente frente a la violencia diaria, fue tajante al señalar que la respuesta no debe limitarse a un cambio numérico. Según el legislador, «bajar un número no es construir un sistema», y advirtió que el proyecto en discusión omite un programa nacional sólido de prevención del delito.
Tal como se desprende de la información publicada por El Comodorense, la iniciativa establece penas de hasta 15 años de prisión. Para Luque, esta medida no diseña una justicia integral y desatiende el enfoque necesario para dar respuestas eficaces tanto a los menores en conflicto con la ley como a las propias víctimas de los delitos.
El respaldo de organismos internacionales y la Iglesia
El posicionamiento del diputado de Chubut no es aislado. En su exposición, citó las advertencias de la Iglesia Católica —a través de la Pastoral Social y Cáritas—, quienes señalaron que «bajar la edad no baja el delito», reclamando en su lugar mayores oportunidades educativas y sociales.
Asimismo, recordó que organismos internacionales como UNICEF han calificado este tipo de reducciones como ineficaces para mejorar la seguridad ciudadana, sosteniendo que incluso contradicen estándares internacionales de derechos humanos. “Es legítimo debatir la edad de imputabilidad, pero necesitamos respuestas estructurales que no están reflejadas en este proyecto”, remarcó el legislador.
Responsabilidad institucional y federal
Finalmente, Luque fundamentó su voto negativo en razones de «responsabilidad jurídica e institucional». Aseguró que el bloque no acompañó la iniciativa en los términos planteados por el Gobierno Nacional por considerar que se trata de un parche legislativo que no soluciona el problema de fondo del delito juvenil en las provincias argentinas.
